El sector farmacéutico es uno de los más regulados que existen, y uno también de los más cambiantes. Los agentes de la cadena del medicamento llevan años asistiendo a estos cambios, y desde que estalló la crisis económica se han convertido cada vez más en convidados de piedra obligados a asumir las nuevas directrices como políticas de hechos consumados. Uno de los testigos de esta situación ha sido el Consejo Económico y Social (CES), que durante años ha ejercido como voz crítica de esta situación. El órgano consultivo del Gobierno ha vuelto a denunciarlo en su dictamen sobre el texto refundido de la Ley de Garantías. El documento considera llegado el momento de abordar una evaluación del impacto de las medidas de mayor calado entre las que han ido aprobándose desde 2006. “La refundición de unas normas que implicaron modificaciones importantes, y que se acompañaron de previsiones de impacto concretas, deberían ser contrastadas con los resultados producidos tras su aprobación, dice. Especialmente necesario resulta dicho esfuerzo, añade, con respecto a las medidas aprobadas a partir de 2012.
En sus observaciones generales al proyecto, el CES defiende la necesidad de una estricta regulación del sector farmacéutico para garantizar el acceso en condición es de equidad y de seguridad, “tratando además de encontrar el equilibrio entre la eficacia en el abordaje terapéutico y su coste económico”. No obstante, no le convence la forma en la que el Gobierno lo ha plasmado. “El preámbulo de la norma que con carácter básico regula una materia tan sensible merecería un desarrollo más exhaustivo de su justificación” y no una mera enumeración de artículos, comienza señalando el dictamen, que aboga por una mayor presencia del “significado actual y la función social” de los medicamentos y productos sanitarios, así como de la propia cadena de valor y “la importancia de la participación de todos los agentes y profesionales”.
Llama la atención del Consejo Económico y Social, también, la falta de acompañamiento al texto de información relativa al impacto del conjunto de todas las medidas que incorpora. “No en vano —añade— se trata de un texto resultante en buena medida del intenso proceso de reformas transcurrido en los últimos años, adoptadas en su mayoría con el objetivo inmediato de reducir la factura farmacéutica pública ante la perentoriedad del cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, como parte de las reformas estructurales a que España debía hacer frente siguiendo las orientaciones de las instituciones europeas, en un contexto de grave crisis económica y financiera”.
Más allá de su “innegable contribución” a los objetivos de estabilidad presupuestaria, como a juicio del CES pone de manifiesto el “considerable descenso” del gasto farmacéutico público registrado a lo largo de los últimos cuatro años, su dictamen considera imprescindible que se evalúen esas medidas “desde el punto de vista de sus efectos en la protección de la salud de las personas y en la calidad de la prestación farmacéutica”. En este sentido, el órgano consultivo recuerda que la dinámica de producción de modificaciones normativas “en aluvión y por el procedimiento de urgencia”, no siempre ubicadas en disposiciones propiamente de carácter sanitario, ha ido en detrimento de la necesaria seguridad jurídica, la estabilidad normativa que requiere el sector y la participación sosegada de los agentes implicados.
Noviembre de 2009. El Consejo Económico y Social lanza críticas al fondo y a las formas con las que se lleva a cabo el Sistema de Precios de Referencia (SPR) y pide actuar también sobre la demanda.
Octubre de 2010. El CES no sólo comparte las críticas del sector entorno al SPR, sino que analiza su validez en el conjunto de la política farmacéutica. Apuesta por evaluarlo no sólo desde el punto de vista económico, sino de sus efectos en la calidad de la Atención Farmacéutica y de su papel en el conjunto de la política de uso racional.
Noviembre de 2010. El CES suspende al Ministerio de Sanidad en materia de cohesión sanitaria.
Junio de 2012. Tras conocerse la reforma sanitaria del Gobierno, el presidente del CES, Marcos Peña, cree necesario blindar el gasto social en determinados servicios ante el riesgo de que “se cronifiquen” las desigualdades y se produzca un mayor empobrecimiento de la sociedad.
Marzo de 2013. El CES aconseja medir las consecuencias económicas de las nuevas exigencias al sector, en su valoración de la transposición al ordenamiento jurídico español de las directivas de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsos. También señala por primera vez que las sucesivas reformas legales conducen a una ley del medicamento que “cada vez tiene menos que ver” con el texto aprobado en 2006, lo que actúa en detrimento del principio de seguridad jurídica.
Abril de 2013. Un nuevo dictamen cree que, pasados 15 años desde que se puso en marcha el SPR, es necesario evaluar rigurosamente su utilidad y sus limitaciones como parte del conjunto de medidas adoptadas para reducir la factura farmacéutica.
Octubre de 2013. El CES vuelve a solicitar que se deje de actuar solo sobre los precios en un nuevo informa sobre los precios de referencia que también se muestra contrario, como pretende el Gobierno, a que sea la industria, y no las administraciones, las responsables de facilitar la información correspondiente al gasto farmacéutico hospitalario.
Marzo de 2015. El CES cree que ha llegado el momento de abordar una evaluación del impacto en la protección de la salud de las medidas sanitarias de mayor calado.
