Las farmacias castellonenses de Herbés (57 habitantes), Castell de Cabres (15) y Palanques (33) ya nunca más serán rechazadas. No se trata de que tras ser ofertadas algunas de ellas en los tres últimos concursos regionales de nuevas adjudicaciones por fin hayan encontrado propietario que quiera ‘asumir’ su más que presumible falta de rentabilidad económica, sino porque nunca más serán ofrecidas en futuras convocatorias.
La Generalitat de Comunidad Valenciana ha llevado a cabo una modificación de varios artículos de su Ley de Ordenación Farmacéutica —a través de la reciente Ley 7/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada el pasado 29 de diciembre— por la cual, en adelante, no se autorizarán nuevas aperturas de oficinas de farmacia en municipios con una población inferior a 250 habitantes. En estos casos, se autorizará la apertura de un botiquín farmacéutico “que garantice la atención farmacéutica a su población”.
No solo Comunidad Valenciana ha optado por poner ‘coto’ a su mapa farmacéutico rural en una época de crisis económica que azota al sector de oficinas de farmacia y, especialmente, a los establecimientos ubicados en municipios rurales. También Cantabria, y también aprovechando su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada el pasado 30 de diciembre (Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2015) a puesto fin a la posibilidad de autorizar la apertura per sé de oficinas de farmacia en cualquiera de sus municipios, independiente de su población.
Hasta la fecha, la Ley de Ordenación Farmacéutica cántabra permitía la autorización y apertura de boticas en cualquier municipio regional, mientras que tras esta modificación será necesaria una población superior a los 450 habitantes. Esta medida obligará a replantear la cifra original de 20 nuevos establecimientos que tenía previsto poner en juego un concurso de adjudicaciones cuyo inicio se prevé para este primer trimestre de 2015.
Frenar la cifra de boticas VEC
No cabe duda que en esta racionalización del mapa farmacéutico rural no solo se pretende poner ‘coto’ al boom de presencia de oficinas de farmacia en cualquier municipio, por escasa densidad poblacional que tenga, sino que también se esconden cuestiones de índole económica. En concreto, evitar que estas farmacias de presumible viabilidad económica comprometida (VEC) tengan que ser compensadas económicamente por su Administración “desde el primer mes de su apertura” por no alcanzar una facturación mínima al SNS (200.000 euros anuales).
Según datos recogidos en un reciente informe de EG, un total de 89 oficinas de farmacia VEC de Comunidad Valenciana pidieron en 2014 la aplicación de un índice corrector a su facturación —derecho que les reconoce el real Decreto-ley 9/2011—, un 20 por ciento más de la cifra de establecimientos regionales (74) que habían solicitado lo propio en 2013. Estas bonificaciones a sus márgenes supusieron a la Generalitat valenciana un desembolso en torno al medio millón de euros anuales, una cifra que presumiblemente crecería si se siguen autorizando nuevas boticas en municipios de escasa población.
Por su parte, Cantabria contaba al cierre del pasado ejercicio con cinco boticas en riesgo de subsistencia por sus bajas ventas, lo cual obligó al Gobierno regional a abonar cerca de 24.600 euros en concepto de estas compensaciones que, con medidas como la tomada recientemente, no desea que aumenten.
