Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias son las comunidades autónomas donde más infracciones del RD 1146/2006 o ‘estatuto MIR’ se cometen.
Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias son las comunidades autónomas donde más infracciones del RD 1146/2006 o ‘estatuto MIR’ se cometen. Así lo ha asegurado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) tras una encuesta realizada sobre 1.233 personas participantes en los programas MIR, BIR, EIR, FIR, PIR, QIR y RFIR. De este modo, el estudio pone sobre la mesa las desigualdades que existen en cuanto a la aplicación del decreto, siendo las “más cumplidoras” con sus residentes Murcia, Baleares, Navarra, La Rioja, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco.
La situación de precariedad que atraviesan los residentes se ha visto agravada por los ajustes en los últimos años, poniendo el informe en evidencia la vulneración de sus derechos en los hospitales del SNS. En este punto, es necesaria una revisión del sistema de acreditación de estos centros, ya que para los profesionales está desfasada.
El asesor sindical y profesional de los MIR, Francisco Toquero, insiste en que “el colectivo de los jóvenes sanitarios se ha convertido en mano de obra precaria”, además advierte de que el exceso en el número de guardias, los turnos no remunerados, la ausencia de libranzas o situaciones de discriminación a residentes extracomunitarios están a la orden del día. Algo que, para la vocal Nacional de Médicos en Formación y/o postgrado, Mónica Terán, pone en peligro la formación. “Algunos están aguantando carros y carretas”, ha denunciado Fernando Molina, responsable de sanidad del sindicato, que recordó que el objetivo del periodo de residencia es la formación de estos profesionales pero, en la práctica, están llevando a cabo una labor asistencial no reconocida.
De esta manera, el estudio recoge que se hace un uso para la atención clínica sin tutorización y con déficit de personal, “en el mejor de los casos está el adjunto localizado”, indica Toquero, destacando que muchos de ellos se sienten desemparados. “El residente tiene una formación en la que asume competencias de forma gradual. De esta manera deberá adquirilas con una supervisión gradualmente descendente hasta ser capaz de realizar procesos por si mismo en los últimos momentos de su residencia”, explica Terán, al tiempo que indica que esta supervisión se debe ajustar al año de residencia, de forma personalizada, “el tutor debe evaluar la evolución del residente y ver cuando está capacitado para hacer por sí mismo un proceso”.
En esta línea, los residentes achacan entre los principales problemas el exceso de trabajo “obligado” los fines de semana, entrar a la guardia 2-3 horas antes sin remunerar ese exceso de horas, en algunos casos y la no libranza de guardias tras 24 horas continuadas. Asimismo, el sindicato asegura que se han constatado situaciones de residentes a los que se les están rompiendo las rotaciones y la duración de los programas anuales para aumentar su estancia en servicios como urgencias, o les obligan a devolver las guardias o hacerlas en la rotación.
Además, la encuesta ha puesto sobre la mesa la necesidad de la profesionalización del tutor, algo que los profesionales vienen reivindicando desde hace tiempo, exigiendo un Estatuto del Tutor “debidamente regulado”, tal y como existe en otras comunidades como Cataluña. También denuncia que se salten los procedimientos legales en cuanto al nombramiento y cese de tutores o de la dinámica y control que ha de ejercer la comisión local de docencia. Precisamente, Terán incide en que para asegurar la calidad, los tutores se han de acreditar y reacreditar, además de que las comisiones de docencia han de ser sensibles a captar casos de déficit en la tutorizacion, para evaluar que está pasando.
Precisamente, debido a esa desmotivación que surge desde los docentes, la encuesta incide en que no se supervisa y no se organiza en servicios con residentes propios de especialidad. Sin embargo, no todo es negativo, los residentes tienen una buena valoración en cuanto a la profesionalidad y los conocimientos del programa del tutor. En contraposición, destacan con una puntuación baja su poca disponibilidad y su falta de respaldo frente a los servicios externos (rotaciones). Además, consideran que existe poca flexibilidad en el trabajo con respecto a los cursos formativos adicionales a la residencia. Por especialidades, la organización docente ha obtenido una puntuación alta en las unidades docentes de Familia y baja en algunos servicios hospitalarios como Cirugía. Esta mala organización supone en ocasiones la inexistencia de los cursos transversales obligados, como el de urgencias cuando los residentes se incorporan al hospital.
Con todo, el estudio denuncia una falta de comunicación y de implicación de los docentes. Según el sindicato, no existe una supervisión ni una organización en servicios con residentes propios de especialidad.
MIR foráneos
La discriminación se contagia en el ámbito extracomunitario y comunitario. La encuesta también constata casos de MIR extracomunitarios que están siendo “discriminados” sin derecho a paro, vacaciones, días extras o cambio de turnos. Según insisten desde el sindicato, la situación se ha agravado en los últimos años como consecuencia de los recortes que han provocado un déficit de personal ante la falta de ofertas de empleo público que convierte a estos profesionales en “mano de obra barata”, añade Toquero. A juicio de Terán, no sólo ha disminuido el numero de plazas, sino “la confianza en encontrar un trabajo al acabar”.
Así, el porcentaje de médicos foráneos provenientes de países extracomunitarios continua decreciendo, encontrándose ahora en un cuatro por ciento. También disminuye la presencia de extranjeros comunitarios, disminuyendo el porcentaje de países de nuestro entorno y aumentando ligeramente de Europa del este.
En definitiva, Molina ya ha presentado estos datos ante el ministerio y de momento están a la espera de una próxima reunión. De momento, siguen analizando la situación y no descartan llevar a cabo acciones judiciales, tanto de cara a la fiscalía como a la inspección laboral.
