En lo que respecta al suministro de medicinas a centros sociosanitarios públicos con más de cien camas, no hay lugar a discrepancias: el Real Decreto-ley 16/2012 obliga a que sean abastecidos por los servicios de Farmacia del hospital de referencia o bien integren a un farmacéutico hospitalario en el propio equipo del centro. A partir de ahí, respecto a los que cuentan con una cifra inferior de plazas, el maremágnum es considerable: algunas regiones delegan el servicio en las oficinas de farmacia (a elección de cada centro), otras mantienen también el mismo a través de los hospitales, en otras es ofrecido por las boticas pero con la obligación de aplicar descuentos en la facturación…
Debido a esta disparidad de modelos autonómicos de prestación farmacéutica a residencias, la patronal madrileña de oficinas de farmacia, Adefarma, ha solicitado el establecimiento de un sistema homogéneo “que garantice un suministro eficiente e igualitario” a residencias geriátricas y centros sociales de todas las comunidades autónomas. En este sentido, desde Adefarma se ha realizado previamente un análisis que ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre las autonomías a la hora de llevar a cabo el suministro de medicamentos y productos sanitarios en los centros socio-sanitarios. Así, por ejemplo, enumera a Murcia, Baleares, Aragón, Galicia, La Rioja o Castilla-La Mancha como regiones cuyos centros sociosanitarios públicos son abastecidos por los servicios farmacéuticos del hospital de referencia, mientras que en otras comunidades, como Madrid, Asturias, País Vasco, Cataluña, Navarra o Canarias los establecimientos sociales (públicos y privados) reciben medicamentos y productos sanitarios de una farmacia.
A este respecto, desde esta patronal farmacéutica se pone el foco de que en Madrid, como en País Vasco, existen descuentos sobre recetas oficiales prescritas a pacientes residentes en estos centros, mientras que en Navarra existen descuentos sobre productos dietoterápicos. En el caso de Madrid, estos descuentos han sido recientemente negociados por el colegio farmacéutico en el marco del nuevo concierto regional con su consejería de Sanidad con el fin de que sus boticas “no pierdan la opción de ofrecer este servicio” y se sitúan en el 10 por ciento.
