Las quintas subastas de medicamentos son ya una realidad. El pasado 9 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hizo pública la resolución mediante la cual 467 presentaciones entrarán en concurso público, donde se incluyen aquellas adjudicadas en las primeras subastas y todas las presentaciones que no han encontrado adjudicatario en los cuatro concursos convocados anteriormente. Según aseguran fuentes de la consejería de Salud de Andalucía, con este nuevo concurso se aspira a contribuir a un ahorro anual de 200 millones de euros, cifra similar a la que se estimó para el tercer y cuarto concurso, si bien apenas se llegó al 20 por ciento en aquellas ocasiones.
Cabe destacar que este es el primer concurso que incluye la renovación de convenios. La caducidad las primeras subastas está fechada para el 31 de diciembre, después de que la consejería decidiese prorrogarlo argumentando los cinco meses de suspensión cautelar que sufrió el primer concurso a instancias del Tribunal Constitucional. De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) insiste en un modelo que el sector farmacéutico y el Gobierno central tienen en el punto de mira y sobre el que aún no existe resolución sobre el fondo de la cuestión: la invasión de competencias.
Es precisamente en la confrontación jurídica desde donde el sector critica más a las subastas. Sin embargo, no es el único argumento. Son muchas las voces que alegan que una medida que no ha proporcionado los ahorros estimados dinamita la acción comercial de muchas compañías, que poseen un tejido industrial férreo en España y contribuyen al Producto Interior Bruto (PIB). “Estamos totalmente en contra de las subastas y confiamos más que nunca en que el Tribunal Constitucional aclare ya la supuesta inconstitucionalidad de estos concursos, sobre todo desde la revisión Ley de Garantías en julio de 2013”, explicó Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg. Asimismo, el consejero delegado de Kern Pharma, Raúl Díaz Varela, ha asegurado que “la Junta de Andalucía es consciente de que estas subastas son ilegales y, sin embargo, por posicionamiento político, las siguen manteniendo”.
Por su parte, Farmaindustria ha vuelto a mostrar su rechazo a las subastas. “Adoptaremos acciones legales (recurso contencioso-administrativo) contra la quinta convocatoria pública para la selección de medicamentos”, confirmaron. De igual forma, la patronal de la industria farmacéutica innovadora espera que el Gobierno central actúe contra la medida. “Confiamos que decida recurrir ante el Tribunal Constitucional esta medida”, recalcaron.
Sin embargo, la opinión de la administración andaluza es bien distinta. El objetivo de esta medida, dicen, es beneficiarse de las mejoras económicas que ofrece la industria para que influyan en la sostenibilidad del sistema sanitario. “Seleccionar por convocatoria pública medicamentos para una población de más de ocho millones de usuarios supone aprovechar la economía de escala y continuar garantizando la prestación farmacéutica a los andaluces”, argumentan desde la consejería de Salud andaluza.
La Junta de Andalucía ha citado a los laboratorios que decidan participar en estas nuevas subastas desde su publicación oficial en el BOJA hasta el próximo 27 de octubre y Aristo Pharma ya ha confirmado su participación. Las 467 presentaciones que entran en concurso pertenecen a 214 principios activos diferentes de 126 subgrupos farmacoterapéuticos y que se encuentran en el mercado con 2.324 marcas o denominaciones comerciales distintas. Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, antidiabéticos orales o antidepresivos.
Implantando las cuartas subastas
Coincidiendo con el anuncio de las quintas subastas de medicamentos se encuentra la fase de implantación de las cuartas, las cuáles han tenido que superar distintas incidencias. El retraso de la firma de los convenios ha obligado a que las farmacias no vayan a contar con todos los medicamentos subastados hasta el mes de noviembre. Asimismo, el SAS se encontró con la incapacidad de suministro de la compañía Pérez Giménez, que obtuvo dos adjudicaciones a pesar de encontrarse en un concurso de acreedores que finalizó hace unos días en una subasta pública. De igual forma, este concurso tuvo un escollo judicial que acabó con el respaldo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla el pasado 8 de septiembre ante un recurso interpuesto por el Gobierno central.
El mercado de dispensación en oficinas de farmacia no es el único que la Junta de Andalucía ha decidido someter a subasta pública. Las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) se diseñaron hace algo más de un año para incluir en concurso a medicamentos de dispensación hospitalaria. Sin embargo, a día de hoy, existe poco más que una intención administrativa intentando resolver las deficiencias jurídicas que diferentes compañías farmacéuticas, asociaciones de pacientes y sociedades médicas han evidenciado mediante diversos recursos validados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía.
Tras presentar unos primeros pliegos definiendo la subasta hospitalaria, este tribunal, dependiente de la consejería de Hacienda andaluza, decidió tumbar el texto por no ser coherente a la Ley de Contratos Públicos. Tras este traspié, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desarrolló unos nuevos pliegos que volvieron a ser recurridos ante el TARC andaluz sin que este se haya pronunciado aún a pesar de dictar la suspensión cautelar sobre la medida. Lo llamativo es que la demora en resolver este asunto ha superado a la vivida con los primeros pliegos y que ya fue calificada de “insólita” por diversos juristas especializados en contratación pública.
Las discrepancias de los profesionales sanitarios con la iniciativa andaluza se articula sobre cuatro patas diferentes: la falta de equivalencia entre los medicamentos seleccionados para cada lote, los obstáculos a la libertad de prescripción, los criterios únicamente económicos como punto de partida erróneo y el riesgo de introducir inequidades en el sistema con el perjuicio que ellos provocaría para los pacientes andaluces. De hecho, el propio TARC andaluz ya puso de manifiesto en su auto que no pueden competir en condiciones de igualdad principios terapéuticos diferentes, aunque sirvan para una misma indicación.
De la misma forma, desde el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, su vicepresidente, Julio Sánchez Fierro, también puso de manifiesto que los criterios economicistas podrían suponer unas inequidades no soportables. “La sostenibilidad está sirviendo como argumento para un giro preocupante en política sanitaria y farmacéutica”, dijo. Por su parte, desde la Junta de Andalucía defienden su modelo. “Se trata de un programa enmarcado en la Ley de Farmacia de Andalucía que ya funciona en países como Suecia”, argumentan.
