A pesar del carácter informal de la reunión que la ministra y los consejeros de Sanidad (con la excepción de las dos comunidades gobernadas por los socialistas) celebraron en Santiago, se alcanzaron algunos acuerdos. El principal, elevar al consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia un documento con las propuestas de los grupos de trabajo creados en junio para definir el espacio sociosanitario. Parece claro para las comunidades autónomas que esta sigue siendo una de las grandes reformas pendientes para garantizar la sostenibilidad del SNS.
Los grupos han ultimado ya sus ideas de cara a la definición del perfil de la persona con necesidades sociosanitarias, la cartera y el catálogo de servicios, los requisitos básicos y comunes de los dispositivos de atención en el territorio nacional, los instrumentos de coordinación y los sistemas de información compartida que deberán utilizarse en todo el proceso.
Otra de las áreas en las que se centró el Interterritorial se alineó con la celebración de Biospain en la cuidada gallega. En este sentido, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció la creación de la Plataforma de Innovación Sanitaria (Pinnsa), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas. Su objetivo es promover la colaboración y compartir la experiencia de los servicios sanitarios.
En línea con la apuesta del Ministerio por las políticas de impulso y soporte de las tecnologías y las innovaciones en la prestación de servicios de salud, Mato también explicó que se ha puesto en marcha el Plan de Renovación Tecnológica, con el que su Departamento quiere conseguir la actualización y mejora de los equipamientos médicos y de las herramientas de gestión en el Sistema Nacional de Salud.
Ébola
El último de los asuntos que se abordó en la reunión de consejeros de Sanidad autonómicos celebrada en Santiago de Compostela fue la situación del brote del virus Ébola en África Occidental, y la capacidad de respuesta de España, en coordinación con la Unión Europea. Sobre este particular, la ministra ha analizado con los consejeros los protocolos establecidos y su funcionamiento, constatando que el riesgo para España se considera “muy bajo” y garantizando que la coordinación nacional e internacional se mantiene.
