El Sistema Nacional de Salud se enfrenta a una semana decisiva, que puede decidir su futuro a corto plazo en términos puramente económicos. De producirse una nueva fase de ajustes, no se decidirán en el Consejo Interterritorial, sino en el de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el 31 de julio analiza las 255 propuestas “medidas de racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público” recopiladas por el Ministerio de Hacienda entre las comunidades autónomas. El documento supone una ruptura con el discurso público que emiten las administraciones sanitarias. De hecho, muchas de las propuestas que incluye ponen en entredicho las promesas sanitarias del ministerio que dirige Ana Mato y de las propias comunidades.
Para empezar, algunas ponen contra las cuerdas el futuro de los pactos que el Ministerio de Sanidad está firmando con los profesionales, y cuyo desarrollo se ha acelerado tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso para alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad. En lo que toca al sector farmacéutico, estos acuerdos se sustentan en la promesa de un marco estable que se borraría de un plumazo si, por ejemplo, se opta por reducir en un punto (del 27,9 al 26,9 por ciento) el margen comercial aplicable a las oficinas de farmacia; por controlar el número de prescripciones por paciente; por limitar el número de productos farmacéuticos con financiación pública para una misma patología o por aplicar un sistema de concursos de medicamentos preferentes para determinadas patologías según su coste-efectividad.
Dicho marco estable pasa entre otras cosas, según el ministerio, por dar un respiro al sector. Después de cuatro reales decreto-ley, Sanidad ha señalado varias veces que los agentes de la cadena del medicamento ya han contribuido lo suficiente. El propio director general de Farmacia, Agustín Rivero, recuerda en la entrevista que EG publica esta semana que el sector farmacéutico “ya ha hecho el esfuerzo necesario” y que la postura de Mato es no pedirle otros nuevos. El documento que llega a Hacienda parece sugerir lo contrario.
Más copagos
No solo eso. Si de algo han presumido en lo que va de legislatura el ministerio y las autonomías ha sido por haber garantizado la sostenibilidad del SNS sin necesidad de aplicar el copago sanitario. Sin embargo, será la gran apuesta que debatirán los consejeros y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Mato salió a la palestra tras hacerse público el documento para descartar que se vayan a implantar fórmulas de copago sanitario. El Consejo de Política Fiscal y Financiera decidirá: las propuestas autonómicas apuestan por cobrar un euro a los pacientes por consulta médica o asistencia a urgencias, o para los pacientes que no asistan a una cita programada y no retiren pruebas y facturas informativas. La solicitud de “avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema” se completa con la reintroducción de los tres copagos ya descartados por el ministerio (en transporte sanitario no urgente, dietoterápicos y ortoprótesis) además de otros nuevos, por interrupciones voluntarias de embarazo, por aparcar en hospitales o mediante tasas hosteleras….
Estas y otras medidas no solo dejan en agua de borrajas el Plan Nacional de Reformas que España envió a Bruselas, y en el cual descartaba nuevos ajustes en Sanidad para el año 2015… También las promesas de no aplicar más recortes en este ámbito que varios responsables autonómicos (por citar solo dos ejemplos, los consejeros de Sanidad de Madrid y Barcelona) han realizado de cara a las presiones presupuestarias que se avecinan para el próximo ejercicio.
Pero la participación de los usuarios no se agota con el copago. Las medidas se esfuerzan en seguir reduciendo el gasto farmacéutico. De las 255 iniciativas recogidas, 79 son estrictamente sanitarias, es decir, el 30,9 por ciento. Y de ellas, 25 se engloban en el apartado de “actuaciones de racionalización del gasto farmacéutico”. El análisis de las solicitudes arroja más sorpresas con el copago farmacéutico. Por ejemplo, cuando el Consejo Interterritorial del SNS, que todavía no ha actualizado los tramos, a pesar de llevar más de un año en estudio, el documento propone, en primer lugar, aumentar el porcentaje de aportación mensual del 10 al 20 por ciento.
Además, al albur del anonimato que ofrece el documento del Ministerio de Hacienda, que para evitar costes políticos no atribuye autorías específicas a cada medida (a pesar de que algunas, como el euro por receta son fácilmente atribuibles), el copago farmacéutico hospitalario entra en el Consejo de Política Fiscal por partida doble. No sólo se solicita su “aplicación efectiva” sino también el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”.
Otras medidas
Cabe destacar que ninguna de las actuaciones propuestas por las autonomías es especialmente novedosa. Todas han estado sobre la mesa en determinado momento, como la modificación propuesta para el sistema de precios de referencia. No es la primera vez que se habla de modificarlo para introducir el concepto de “precios máximos de financiación por subgrupos terapéuticos” con la aplicación de un copago evitable por parte del ciudadano, o que se solicita una revisión “más frecuente” de los precios.
En la misma línea se sitúan otras medidas, como la apuesta por el riesgo compartido y la creación de un fondo específico para la financiación de innovaciones (con mención expresa a modo de ejemplo para los nuevos tratamientos contra la hepatitis) y renovación tecnológica; la creación de un Hispa-Nice o la apuesta por la evaluación económica como vía para decisiones de inclusión y exclusión en la cartera pública. Por último, las comunidades también creen necesario profundizar en la vía de las compras centralizadas, regular más claramente la atención sanitaria de la población inmigrante y mejorar la recuperación de ciertos gastos, como los ofrecidos a ciudadanos de otras regiones o mutualistas.
El documento que salió a la luz la semana pasada generó todo un aluvión de reacciones en pocas horas, a pesar de que desde el Ministerio de Hacienda se intentó calmar los ánimos asegurando que no son medidas a aplicar, sino solo un “punto de partida” con el que trabajar. Muchas de las reacciones han venido desde las propias comunidades autónomas, que aseguran no querer aplicar nuevos recortes, sino profundizar en medidas de eficiencia. Así se explicó, por ejemplo, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, una región que en las últimas semanas ha protagonizado toda una disputa con el Ministerio de Hacienda sobre si tiene o no margen de maniobra para acometer nuevos ajustes de su gasto sanitario.
De todas, la comunidad más tajante a la hora de criticar el documento ha sido Andalucía. Tanto el portavoz del Ejecutivo regional como la Junta consideran “equivocado” apostar por una nueva vía de recortes en sanidad. Su postura, además, enlaza con la publicación de las balanzas fiscales que ha llevado a varias autonomías a recordar al Gobierno Central que el cumplimiento de los objetivos de déficit no pasa por nuevos recortes en las comunidades, sino por nuevos ingresos a través del modelo de financiación. También el Gobierno Vasco ha criticado el documento y ha sido el único, por ahora, que se desmarca de la autoría de las medidas, por lo que esta administración “ni se identifica ni reivindica” ninguna de ellas.
De las 255 iniciativas que recoge el documento, 79 son estrictamente sanitarias, es decir, el 30,9% del total
Al albur del anonimato que ofrece Hacienda, el copago farmacéutico hospitalario va al CPFF por partida doble
