Al cierre de esta edición, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), conjuntamente con los hospitales, estaba ultimando los detalles informáticos para hacer posible a partir del 1 de julio la facturación por paciente y mes para ciertos medicamentos. Nada se interpone en el arranque de las tarifas farmacológicas, aunque tampoco están libres de posibles recursos.
Hoy por hoy, ni lo populares ni los socialistas en el Parlament se plantean promover un recurso de inconstitucionalidad. Pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer, aseguraron a EG sus portavoces de Sanidad, Eva García y Nuria Segú, respectivamente. Ambas se muestran muy críticas con el fondo y la forma de las tarifas farmacológicas. Sobre el primer punto, la portavoz popular no escatima palabras; asegura que tratan de “un error absoluto” que “rompe la equidad y las reglas que conformaban la prestación farmacéutica y puede conllevar graves implicaciones para los pacientes”. Según García, “hay otros departamentos y políticas que se están llevando a cabo en Cataluña que serían perfectamente prescindibles antes de afectar los tratamientos farmacológicos de los pacientes”.
En cuanto a la forma, PP y PSOE se quejan de que las tarifas se hayan negociado de espaldas al Parlament, que hasta ahora ha sido informado ‘por terceros’: jornadas informativas, medios de comunicación y el propio sector afectado. De hecho, ambos grupos han elevado una batería de preguntas al respecto y aún no han recibido respuesta de la Consejería de Salud. Entre las cuestiones que exigen está la previsión de ahorro, pero desde el CatSalut niegan la versión economicista de las tarifas.
Toni Gilabert, gerente de Farmacia y del medicamento del Servicio Catalán de la Salud, aseguró a este periódico que “las tarifas no son una medida de ahorro, sino una forma de avanzar conjuntamente con los hospitales en la mejora de la gestión clínica y la eficiencia sanitaria en la búsqueda de optimizar los resultados en salud”. De hecho, añade Gilabert, el presupuesto para este ejercicio que ha asignado el Servicio Catalán de la Salud para los ámbitos farmacológicos afectados es el mismo que el gasto realizado en Cataluña en 2013.
En busca del recurso
Pero la amenaza de un recurso a las tarifas no solo viene desde los grupos del Parlament. La industria farmacéutica sigue destacando que las tarifas son un “error profundo”. Esta semana, Farmaindustria volverá a pedir su retirada, un día antes de que entre en vigor, aprovechando una reunión que representantes de la patronal tienen programada con el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz.
El retraso de un mes en la entrada en vigor de la medida no ha suavizado en nada la postura de la industria. Fuentes de la patronal resaltan que no solo se trata del precio de las tarifas, sino del propio procedimiento. Sobre los precios, Farmaindustria ya indicó que las primeras cuantías eran claramente inferiores al coste real de la atención farmacológica a los pacientes. Prueba de ello, dicen ahora, es que se hayan rectificado durante la fase de negociaciones. A pesar de eso, continúan asegurando que las nuevas tarifas “siguen estando por debajo del coste real del tratamiento” y que el procedimiento sigue suponiendo una lesión a los “intereses legítimos” de los pacientes, que pueden verse privados de acceder al medicamento que necesitan; los profesionales, que pueden ver limitada su capacidad de prescripción; y la industria farmacéutica.
Precisamente el procedimiento escogido hace complicado un recurso en el caso de la industria. “Es complicado que Farmaindustria pueda presentar algún tipo de actuación jurídica frente a un acuerdo entre un asegurador y el proveedor sanitario”, dice la patronal. Pese a todo, lo sigue estudiando desde el punto de vista legal, consciente de que las tarifas puede estar invadiendo competencias estatales. “Indirectamente se puede estar afectando el precio de los medicamentos y excluir medicamentos de la prestación farmacéutica pública”, aseguran las mismas fuentes.
José Vicente Moreno, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, una de las especialidades afectadas, no comparte con Farmaindustria la preocupación por este modelo de gestión, pero sí por el precio de las tarifas, que califica de “irreal”.
