Yo no sé si las dudas que plantea la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) sobre la incidencia que la vacunación contra la varicela en niños de uno a dos años va a tener en el padecimiento de Herpes Zóster en la edad adulta, son ciertas. Lo que sí parece real es que esa hipótesis, basada en modelos matemáticos, tiene muchos menos defensores que detractores. Al menos entre los profesionales de prestigio en Salud Pública y vacunas. Y es que también es una realidad que está siendo casi imposible para la administración encontrar expertos de renombre que avalen sus tesis y han tenido que bucear entre los cursos de formación de la Escuela Nacional de Sanidad del Carlos III para encontrar a los firmantes de un informe que avalaría los riesgos para la población adulta por la vacunación de los niños. Eso es lo que concluyen los autores del informe hoy. Porque al menos una de ellos, la primera por cierto, aseguró lo contrario hace tan solo seis meses.
Con ese informe, Sanidad ha iniciado la búsqueda de una justificación sanitaria para la barbaridad jurídico-legal que han hecho con el bloqueo a la liberación de lotes. Además, y de paso, prepara el terreno para mandar ‘oficialmente’ a los hospitales esta vacuna declarándola de Uso Hospitalario. Pero lo grave está en las consecuencias de lo que se ha hecho hasta el momento, con muchos frentes que no ha sabido prever ni gestionar.
El comercio ilegal al que recurren cientos de padres todos los días para saltarse la decisión de Sanidad es una realidad y un riesgo sanitario de incalculables dimensiones. Se ha lanzado a los progenitores a utilizar canales no legales de compra de medicamentos que pueden generar graves problemas sanitarios. Eso en primer lugar. Después está el atropello al que se ha sometido a la compañía que comercializa la vacuna, Sanofi Pasteur MSD, que ve cómo sin garantía jurídica alguna, sin resolución que medie, ni soporte legal, se bloquea la distribución a farmacias comunitarias de un producto que no es de uso hospitalario. Siendo grave esto, más grave es que la Aemps utilice un procedimiento administrativo, que debe haber quedado remanente de algún tiempo pasado, como es la liberación de lotes de productos biológicos que proceden de otro país de la Unión Europea, para atajar una supuesta alerta sanitaria. Si esto en realidad fuera así, nos tendríamos que plantear la calidad de nuestra legislación, pero afortunadamente no lo es.
Estoy convencido de que si la vacunación de niños contra la varicela tiene repercusiones en los adultos, se debe analizar y actuar. Pero con las garantías legales y los informes pertinentes encima de la mesa. Todo lo demás, raya la prevaricación.
Si la vacuna de la varicela entraña riesgos se debe actuar pero con garantía legal y transparencia
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