“Es necesario plantear innovaciones en modelos de gestión, de organización y de gobernanza. Eso sí, no a toda costa, y no sin contar con los pacientes”. Así de rotundo se mostró el presidente de la Alianza General de Pacientes ,Alejandro Toledo, durante su intervención en el XIII Aula Bayer de debate sociosanitario, en la que aportó la visión del colectivo sobre las fórmulas para aportar más valor a la inversión.
Toledo aseguró que aunque innovación, equidad y sostenibilidad son conceptos compatibles en el SNS, es fundamental plantear antes otras preguntas como la innovación deseada o qué se considera equidad. En su opinión, las respuestas pasan por entender que la innovación debe dirigirse a cubrir las necesidades y la equidad, el acceso a la innovación con prioridad para los nuevos tratamientos. “La equidad es que la población pueda acceder a determinados recursos si lo necesitan y que no dependa del código postal”, citó, refiriéndose a la descripción que realiza José María Martín, comisionado para la Equidad de la alianza.
Toledo insistió en que la situación actual debe considerarse una fuente de posibilidades para analizar los procesos, ver duplicidades o estudiar cómo reubicar los recursos, y recalcó que todos los agentes deben implicarse y contribuir a la sostenibilidad. No obstante, realizó un llamamiento a ser realistas y entender que con el actual modelo será difícil asumir todos los costes: “Hay que innovar en vías de financiación, con fórmulas como los acuerdos de riesgo compartido entre compañías y administración”.
En la misma línea, el presidente de la AGP invitó a poner sobre la mesa las inversiones que no llegan a realizarse por falta de amplitud de miras. “En salud, los resultados no se pueden medir con inmediatez, y hay que invertir hoy para evitar gastos mayores mañana”, recordó, al mismo tiempo que criticó que los gestores no aplican esta idea habitualmente.
Invertir para no reinvertir
Un ejemplo claro es lo que sucede con los tratamientos de la hepatitis C, autorizados, en su opinión, en la fase de la enfermedad en la que resulta menos efectivo. “Es cierto que estos nuevos tratamientos tienen un coste elevado, de unos 30.000 euros, pero si el paciente no se cura y termina en trasplante el coste se eleva a 100.000 euros aproximadamente, sin contar con la inmunosupresión de por vida y la invalidez permanente”, advirtió. Así, recordó que “debemos invertir para no tener que reinvertir con creces”.
Para él, otra forma de dar valor a la inversión es la desinversión. De ahí que abogue por desinvertir en terapias y tecnologías poco útiles de cara a garantizar el acceso a las nuevas terapias. Quizá “sea la única manera de poder disponer de los recursos financieros necesarios para poder contar con estas terapias de forma equitativa”, subrayó.
Asimismo, incidió en que los pacientes son conscientes de que lo que se gasta en una decisión terapéutica se ha de retraer de otra actividad sanitaria, y defendió que las decisiones se tomen en consenso con todos los implicados. En la misma línea, recordó que una docena de sociedades científicas enumeraron cinco prácticas clínicas ineficaces pero habituales en los hospitales y centros. Así salieron medio centenar de recomendaciones remitidas al ministerio. La barrera, dijo, es que estas iniciativas “a veces no se llevan a cabo porque implica un cambio cultural que hay que explicar a gestores, profesionales y pacientes”.
