El PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a saldar la deuda de 110 millones de euros que acumula con las comunidades autónomas desde 2012, cuando, según denuncia, los centros penitenciarios empezaron a devolver las facturas que les llegaban desde las conserjerías de Sanidad por los gastos derivados de la atención sanitaria a los presos. En concreto, los portavoces del PSOE en la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, e Interior, David Serrada, y el diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, han registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre este asunto para que se debata en las comisiones de Interior y Sanidad de la Cámara Baja.
El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido sólo asume la atención primaria de salud que se presta dentro de las prisiones, pero son las comunidades autónomas las que se encargan de las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos, consultas y, en general, de la atención especializada que reciben los reclusos. En su iniciativa, el primer partido de la oposición denuncia que esta situación afecta a todas las comunidades salvo Cataluña y Euskadi, la primera por tener traspasadas las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles.
Hasta principios de esta década, el Ministerio de Interior mantenía convenios con las comunidades por las que éstas facturaban por la atención sanitaria prestada a la población reclusa. Pero, según resalta el PSOE, esos acuerdos fueron venciendo, justo en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad publica de abril de 2012, y no se han renovado. Las comunidades mantienen que la asistencia sanitaria a los internos está atribuida legalmente a la Administración Penitenciaria competente, que debe asumir su prestación por medios propios o a través de concierto”, sin que la comunidad tenga que soportar “coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio publico”.
