Miguel Ángel Tovar Director Asociado en Barcelona | viernes, 02 de mayo de 2014 h |

No sé qué resulta más chocante de una eventual fusión entre Pfizer y Astrazeneca, si el monto de la operación, que posiblemente superaría los 100.000 millones de dólares (todo un récord en el sector), o la renuncia de la norteamericana al domicilio en Estados Unidos. Tras un primer acercamiento en enero, el pasado lunes Pfizer volvió a aproximarse a la británica Astrazeneca, para proponerle la integración. Un acuerdo, que le permitiría “crear una plataforma de I+D más fuerte con carteras complementarias en múltiples áreas terapéuticas”, en palabras de Ian Read, CEO de Pfizer y nativo de Escocia.

A pesar de todo, un análisis de las carteras, pipelines y posibles sinergias no permite, si no es a costa de asumir un considerable riesgo, prever unos flujos de caja que puedan justificar por sí solos la decisión de Pfizer. Si bien es cierto que Astrazeneca posee, por ejemplo, un pipeline interesante en oncología, que complementaría al de Pfizer, y que puede haber cierta complementariedad en sus carteras actuales de productos, que los productos actualmente en ensayos clínicos lleguen a generar unos flujos de caja considerables es algo que aún está por ver. El riesgo todavía es demasiado elevado.

Así pues, al parecer los mayores beneficios no provendrían de las operaciones actuales y futuras, o de las eventuales sinergias que pudieran derivarse, sino de una nueva estructura fiscal que aprovecharía la diferencia en el impuesto de sociedades entre Estados Unidos y Reino Unido, y que permitiría a Pfizer ahorrar una suma considerable en impuestos.

Mientras que el tipo efectivo actual para Pfizer es del 27 por ciento (la tasa legal en Estados Unidos es del 35), el impuesto de sociedades para una compañía británica es del 21 por ciento (y pronto se reducirá al 20 por ciento). Así pues, el marco fiscal norteamericano permite e incentiva este tipo de ‘inversiones fiscales’.

La relevancia de una compañía como Pfizer y lo controvertido del tema ha reavivado un debate en Washington que no es nuevo y ha renovado la presión sobre los legisladores norteamericanos.