Pocos días después de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución que ponía en marcha las cuartas subastas, el sector farmacéutico ha respondido con el anuncio de tomar acciones legales contra la medida. La primera patronal en hacerlo fue Farmaindustria, quien confirmó que interpondrá un recursos contencioso-administrativo contra la decisión de la consejería de Salud andaluza ya que “supone un quebranto del actual marco regulatorio español pues contraviene lo dispuesto en el artículo 88.1 de la Ley de Garantías”.
A renglón seguido, la patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (Aeseg) también anunció el inicio de acciones legales frente a la cuarta convocatoria de subasta de medicamentos promovida por el Gobierno andaluz. La patronal considera que esta normativa local vulneraría la actual Ley de Garantías que asegura al paciente la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en el territorio nacional, obligando al paciente andaluz a acceder a un único medicamento, a diferencia del paciente que reside en otras comunidades autónomas en donde no existen estas restricciones.
Por su parte, desde el ministerio de Sanidad han confirmado que ya preparan la batalla legal a las cuartas subastas andaluzas. Según aseguraron a EG fuentes del ministerio, Sanidad “está estudiando junto a la abogacía del Estado” cómo frenar la resolución Andaluza.
Ante esta avalancha de recursos que se le presentan a la consejería de Salud de Andalucía, su consejera, María José Sánchez Rubio, ha recordado en sede parlamentaria que “la convocatoria pública es una de las medidas de ahorro que está poniendo en práctica el Gobierno andaluz”. Asimismo, lamentó “los obstáculos que lamentablemente están poniendo desde el Gobierno de España en forma de recursos ante diferentes instancias judiciales, y con los que demuestra seguir poniéndose del lado de las grandes farmacéuticas”.
Los juristas no las ven legales
Este periódico se ha puesto en contacto con juristas expertos para que trasladasen su visión sobre la nueva convocatoria de subastas en Andalucía. Desde el bufete de Uría Menéndez se asegura que tras la entrada en vigor de la Ley 10/2013 la vulneración que suponen las subastas es, si cabe, aún más evidente. “A nuestro juicio, los recursos que puedan interponerse contra esta última convocatoria cuentan con un nuevo argumento de fondo para sostener su nulidad de pleno derecho: es contraria también al artículo 88 de la Ley de Garantías”, aseguran desde el despacho de abogados.
