La desaparición del actual sistema de deducciones por labores de investigación, desarrollo e innovación es una de las propuestas del informe que los expertos sobre la reforma tributaria han remitido al Gobierno. Sus autores recomiendan explorar “vías alternativas” para fomentar la inversión en I+D+i en España.
Tras recordar que la propia Comisión Europea ha solicitado una evaluación de este sistema de deducciones, los expertos aseguran que que la evidencia empírica disponible para España sobre su efectividad, pese a no ser concluyente, sí que permite identificar “importantes deficiencias”. En este sentido, añaden que “su falta de eficiencia no parece justificar su coste fiscal”, en particular en el actual proceso de consolidación fiscal. A juicio de los expertos, deberían explorarse, por tanto, “vías alternativas para fomentar la inversión en I+D+i en España, que mantiene niveles muy inferiores a los de otros países desarrollados, con efectos negativos para la productividad de la economía”.
No es la única propuesta que, de ser aceptada por el Gobierno, supondría un gran cambio en el panorama sanitario. Además de proponer la eliminación de algunas de las exenciones existentes en la actualidad, entre ellas la referida a las cantidades satisfechas por las empresas para el seguro de enfermedad del trabajador por existir una sanidad pública gratuita, el informe de los expertos considera que “hacer pagar al contribuyente una parte, al menos, del precio de los bienes y servicios públicos que consume es un camino en el que el sistema fiscal español tiene todavía mucho recorrido” en campos como el sanitario.
Por ello, y dado que los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas que a su juicio parecen más adecuados son los que se rigen por el principio del beneficio, los expertos ven razonable “extremar la capacidad normativa de las Comunidades respecto a la posibilidad de establecer copagos en los servicios públicos, tales como la sanidad”. De hecho, añaden, podría ser útil integrar estos copagos en el modelo de financiación, de forma que se fijen unos mínimos en los copagos de todas las comunidades que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva.
