Redactor jefe de ‘La Razón’ viernes, 31 de enero de 2014 h
Pese a no dejar de producir efectos positivos en el ahorro, la política farmacéutica del Gobierno sigue sin transmitir buenas sensaciones. Frente a la firmeza y previsibilidad que ha de exigirse a las medidas de choque para contener el gasto público en medicamentos, las acciones del Ministerio de Sanidad parecen moverse más por impulsos destinados a satisfacer necesidades concretas que por una planificación sensata para lograr una sostenibilidad razonable a medio y largo plazo. Y los resultados están ahí. Dos años después del desembarco del PP en el Gobierno da la sensación, como ocurrió bajo el mandato del PSOE, de que no hay una estrategia definida o de que se modifica sobre la marcha en función de los obstáculos que aparecen en el camino.
De titubeante se puede calificar la implantación del copago farmacéutico, con sus idas y venidas, rechazos autonómicos y justificaciones dispares. Hoy no queda claro si se ha impuesto porque los hospitales no pueden pagar ya terapias innovadoras, si persigue efectos disuasorios o si trata de generalizar solo una cultura de corresponsabilización del gasto en el ámbito hospitalario. Inexplicable también parece el retraso en la entrada en vigor de los precios de referencia. Basta recordar lo que ocurrió después de que Elena Salgado dejara este sistema en el limbo durante un año para pronosticar lo que sucederá en España a la vuelta de uno o dos años tras los últimos retrasos. Incierto también es el funcionamiento de la Comisión de Precios y el proceder de la Aemps con algunos fármacos. Como apuntó EG hace una semana, la transparencia parece ausente de la comisión, al desconocerse cuáles son sus decisiones o los motivos por los que se adoptan. Tan difuso es su funcionamiento como estériles son los debates sobre las utilidades terapéuticas de los medicamentos, especialmente si se tiene en cuenta que comunidades como Cataluña votan una cosa en Madrid y emiten un posicionamiento distinto cuando el producto trata de acceder a su territorio, lo que provoca el lógico desconcierto en los laboratorios afectados.
Y poco claro es también el leit motiv de la eliminación de la red de farmacia de algunas vacunas. Tan inexplicable resulta, que hasta los más locuaces antivacunas miran extrañados al ministerio ante el arrebato que le ha dado. Es posible que estas cuestiones y medidas persigan el fin último de la contención y configuren una intrincada red política enmarcada en un planteamiento diseñado de antemano que actúe como un todo, pero lo cierto y verdad es que las sensaciones que transmiten no son esas. Puede tratarse, en cualquier caso, de un problema de comunicación o de multiplicidad de voces autorizadas sobre el particular en el ministerio.
¿Qué conocido personaje del sector festejó por todo lo alto el anuncio de la marcha de Rodrigo Becker de Glaxo? ¿Por qué?
¿Qué político del PP estuvo hace años a punto de cometer el mismo error en el que ha caído la ex consejera de Sanidad extremeña María Jesús Mejuto con la plaza de Cirugía?
¿Cuántos médicos de AP podría contratar Castilla y León con el ahorro del copago hospitalario que el consejero no quiere aplicar?
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