La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad Valenciana para la modificación del apartado segundo del artículo 1 del Decreto-ley 2/2013, de medidas urgentes de gestión y eficiencia en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica, ha generado tranquilidad en la patronal española de la industria farmacéutica, Farmaindustria, que había instado a revisar la aplicación de algoritmos de tratamiento para ordenar la prestación. Y es que, según la patronal, esta práctica podría poner en peligro aspectos como la equidad y la libertad de prescripción de los facultativos.
“El hecho de que en la enmienda se haga referencia al marco de la legislación estatal (alude directamente a los artículos 81.2.a, 85 bis y concordantes de la Ley de Garantías) nos hace pensar que existe un compromiso con el cumplimiento de la misma, y eso implicaría evitar las diferencias de acceso con otras comunidades”, afirmó Lourdes Fraguas, directora del departamento Jurídico de Farmaindustria. En este sentido, cabe destacar que, opinión de Fraguas, el origen de esta supuesta reconsideración estaría en las negociaciones mantenidas entre el Gobierno central y las autoridades valencianas, una vez que el primero había amenazado con interponer recurso de inconstitucionalidad contra la medida del gobierno regional.
“Queremos pensar que si el Gobierno ha accedido a alcanzar un acuerdo, cuando tenía motivos suficientes para presentar aquel recurso de inconstitucionalidad, es porque el acuerdo al que se ha llegado será aceptable para ambas partes, sobre todo para la que pensaba interponer el recurso”, señaló Fraguas.
¿Un paso más allá?
Asimismo, hizo referencia en declaraciones a EG a la posibilidad de que, bajo los términos del compromiso alcanzado, la consejería de Salud valenciana se vea obligada a ir más allá de la introducción de esta enmienda que, a priori, y pese que tiene que agotar la fase de tramitación parlamentaria, se introducirá próximamente en la normativa dispuesta por las autoridades de la comunidad. “Pensamos que finalmente se aprobará tal cual, aunque nos queda ver si este acuerdo incluye algo más que esta medida”, adelantó Fraguas.
Y es que, pese a que existe esa referencia explícita al marco estatal, el cual determina claramente la necesidad de proteger aspectos como la equidad en el acceso y la libertad de prescripción, lo cierto es que en la enmienda del Gobierno valenciano se mantiene una referencia explícita el término de la discordia, los algoritmos, lo cual podría dejar la puerta abierta a una interpretación menos optimista. “En caso de que finalmente no acertemos en nuestra apreciación, habrá que decirle al Gobierno que presente ese recurso. Pero queremos pensar que esto no va a ser así y que el tiempo nos dará la razón”, concluyó Fraguas, que confirmó que siguen a la espera de una resolución con respecto al caso concreto de metotrexato.
