El Ministerio de Sanidad parece decidido a hacer que la industria farmacéutica incremente su apuesta por España en el ámbito industrial, investigador y de empleo. Por ese motivo va a potenciar el uso del Plan Profarma para analizar la información recopilada a través del mismo para utilizarla en el ámbito de las decisiones de financiación y precio de los medicamentos.

El artículo 89 bis de la Ley de Garantías recoge, tras una farragosa redacción, que se tendrá en cuenta la contribución al Producto Interior Bruto (PIB). Este artículo, que recoge los criterios fundamentales de inclusión en la prestación farmacéutica no especifica quién o qué tiene que contribuir al PIB. Desde mi punto de vista, una contribución al PIB por parte del medicamento debería ser definitiva para la incorporación a la prestación pública. Si un medicamento mejora la salud y, por tanto genera beneficios sociales y económicos debería ser financiado independientemente de la compañía que lo fabrica y sus inversiones en España.

En lo que se refiere al precio, a pesar de que la Ley de Garantías no define los criterios a tener en cuenta, sí que considero que podría ser interesante analizar la aportación de una compañía a la economía del país de cara a reconocer vía precio esa apuesta. No obstante, no entiendo cómo se puede reconocer vía precio sin que, en caso de haber competencia, el producto se vea penalizado por las políticas de las comunidades autónomas.

@JoseMLAlemany en Twitter