El 31 de octubre los farmacéuticos catalanes se quedaron como estaban. O, mejor dicho, peor de lo que estaban. Es decir, con una deuda de 416 millones de euros correspondientes a las facturas impagadas de noviembre y diciembre del 2012 y de mayo del 2013, que se abonarán a través del Plan ICO del Ministerio de Hacienda, y la factura del mes de septiembre, para la cual la Generalitat anunció que no tiene recursos. Una situación de la que culpan fundamentalmente al consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, por, tal y como señalan, ser “el máximo responsable de la prestación pública farmacéutica de este país”.
A este respecto, y una vez que el Consejo de Ministros no abordó el acuerdo del adelanto del pago a 31 de octubre de las facturas incluidas en el Plan ICO proveedores, los farmacéuticos catalanes estallaron y precisaron que después de años de irregularidades en los pagos, “la Administración no puede continuar delegando su responsabilidad de garantizar el acceso a los tratamientos en los profesionales farmacéuticos”.
Por ello, instaron a Ruiz a proponer medidas para que las farmacias puedan garantizar el servicio. “El consejero de Salud tiene que responder a los ciudadanos cómo pagará los medicamentos”, manifestó el presidente de los farmacéuticos catalanes, Jordi de Dalmases. Y es que, tal y como señaló el presidente de la patronal Fefac, los farmacéuticos están en una situación paradójica, ya que se les “penaliza por dispensar los medicamentos a la población”.
En este sentido, el máximo representante de la farmacia catalana afirmó que estaban “jugando” con ellos, porque le consta que tienen el dinero. “La salud de los ciudadanos no se puede poner en juego por cuestiones políticas”, declaró, al tiempo que conminó a Ruiz a “no esconder la cabeza debajo del ala”, como, según dijo, ha hecho hasta ahora.
Ante esta situación, los farmacéuticos anunciaron que volverán a tomar medidas para reclamar que se priorice el acceso a los medicamentos porque se trata, según De Dalmases, de “defender un derecho del conjunto de la población”. ¿Qué medidas de presión se adoptarán? Según precisaron tratarán de ser “lo menos lesivas para el usuario, que no tiene ninguna culpa”.
Por su parte, la consejería de Salud descartó la posibilidad de que los pacientes abonasen el pago íntegro de los fármacos a partir del 5 de noviembre ante la imposibilidad de las farmacias de seguir sufragando los medicamentos. Así, el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que “ni quiere ni puede”, por mandato legal, plantear esta opción.
Asimismo, afirmó que lamentaba la situación, y anunció la puesta en marcha de un “circuito especial” para garantizar la administración de fármacos caros si las boticas no pueden hacerse cargo del coste, pudiendo ser dispensado el fármaco en un centro de salud en casos extraordinarios.
En Valencia sí cobran
En la misma situación que los farmacéuticos catalanes se encontraban los boticarios valencianos, a los que les adeudaban facturas pendientes por valor de casi 400 millones de euros. Eso sí llegaron a un acuerdo con el ejecutivo regional por el que si no cobraban del Plan ICO el 31 de octubre sí les abonarían la factura de septiembre (la mitad con cargo al FLA y la otra de la Generalitat).
