La configuración de un modelo adecuado de prescripción fue uno de los temas destacados del XX Congreso de Derecho Sanitario, un asunto muy en boga por el torrente de medidas autonómicas orientadas a influir sobre la decisión del médico que ha provocado el rechazo frontal e inequívoco de los diferentes actores de la cadena sanitaria. A este respecto, cabe señalar que la coincidencia de sociedades científicas, profesionales sanitarios, pacientes e industria es plena: la libertad de prescripción, para poder ajustar los tratamientos a las necesidades del paciente, y el acceso a la innovación en términos de equidad deben ser máximas ineludibles.
En lo que respecta a la decisión de los facultativos, fue Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el que más claro lo expuso, al denunciar el hecho de que haya algunas comunidades en las que “parece que lo único importante es la enfermedad, no el enfermo”. “Hay que tener en cuenta la complejidad de cada paciente”, aseveró.
Esta apuesta por poner al paciente en el foco fue precisamente lo que defendieron Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), y José Manuel Bajo, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). Este último recordó que cada persona afectada por una enfermedad tiene sus necesidades, y que el acto de la prescripción exige el conocimiento de aspectos como la anamnesis, la exploración o el diagnóstico.
Asimismo, manifestó que “cualquier cambio de tratamiento debería contar con la supervisión de un especialista”. Un especialista que, a juicio de Toledo, debería tener acceso a todo el arsenal terapéutico, dado que “todos los tratamientos incluyen algún detalle que puede ser vital para un determinado tipo de paciente”.
Al fin y al cabo, en lo que coincidió la mayoría de los ponentes es en la necesidad de que la Administración cambie su perspectiva, y que los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no sirvan para cercenar los derechos de médicos y pacientes. Y es que, como dejó patente José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, son ellos, médicos y pacientes, los principales afectados por las distintas iniciativas autonómicas dirigidas a actuar sobre la prescripción, como ha sido el caso del establecimiento de alternativas terapéuticas o algoritmos. “Los médicos pierden su libertad y los pacientes ven limitado el acceso”, destacó.
Asimismo, el representante de la patronal reconoció que este marasmo de medidas también tiene su impacto negativo en la industria, ya que introduce una gran inseguridad jurídica y los laboratorios no encuentran incentivos para seguir con su labor innovadora.
