Reumatología, enfermedades infecciosas y oncología son las primeras áreas en las que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha puesto el foco para lograr una reducción del “coste unitario de tratamiento” en el ámbito hospitalario. El objetivo es trabajar por mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) sin impedir a los nuevos pacientes que lo necesiten el acceso a estos tratamientos. De este modo, se intentará que con los mismos recursos se puedan ver beneficiados un mayor número de pacientes, tal y como ha avanzado a EG el presidente de la sociedad, José Luis Poveda.
La iniciativa surgió, según ha explicado el presidente de la SEFH, a petición de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, que acudió a los farmacéuticos hospitalarios para solicitarles que trabajaran en la puesta en marcha de actividades que permitieran reducir ese coste por paciente en el ámbito farmacéutico en las áreas de mayor impacto económico del hospital. A consecuencia de esta petición, la organización presidida por Poveda inició los contactos con las sociedades científicas implicadas para avanzar en el establecimiento de documentos de consenso que permitieran la optimización de las pautas posológicas que se utilizan habitualmente en los hospitales.
Primero en artritis
El proyecto más avanzado es el que han desarrollado junto a la Sociedad Española de Reumatología (SER) sobre artritis reumatoide (AR), que será presentado públicamente el próximo 10 de octubre en un acto que se celebrará en el Ministerio de Sanidad. El resultado, según ha destacado Poveda, no es una guía, “puesto que no hay evidencia a través de ensayos clínicos”, pero lo que sí hay es un comité de expertos que ha llegado a la conclusión de que las reducciones de dosis o los incrementos en los intervalos terapéuticos, “más allá de la ficha técnica, tiene suficientes grados de evidencia como para considerar que es una práctica segura”.
Estos cambios de pauta de uso, distintos a los que se recogen en la ficha técnica de los productos, tal y como explica Poveda, ha hecho necesario contar con la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), que ha participado en el proyecto. Ambas sociedades han dado traslado al organismo regulador y este ha expuesto cambios a los documentos iniciales, por lo que el apoyo de la agencia reguladora a estas iniciativas parece asegurado. La Aemps, no obstante, ha declinado realizar valoración sobre las prácticas de optimización de dosis a preguntas de EG.
Una vez publicado este consenso, el objetivo sería homogeneizar la utilización de los medicamentos afectados en todos los hospitales del país, puesto que “se dará una validez, a través de las sociedades científicas, a un procedimiento de actuación y tratamiento farmacológico que no está especificado en ficha técnica, porque no ha habido un ensayo clínico que se desarrolle como tal, pero se ha ido obteniendo una experiencia en la utilización del fármaco”, explica el presidente de la SEFH.
La industria, a la expectativa
La realidad es que, tal y como destacan algunos profesionales que trabajan en la industria farmacéutica vinculados a la reumatología, las sociedades científicas no han tenido más remedio que “poner orden en una actividad cada vez más habitual”, especialmente a causa de las dificultades económicas de los últimos años. “Las sociedades científicas no se han podido abstraer de esa realidad y se han visto obligadas a trabajar en este campo”, explican.
Además, estas mismas fuentes, que indican que no se ha contado con la industria en ningún momento de la elaboración del consenso, esperan que se recoja que, a pesar de consenso general existente sobre las modificaciones de posología habituales, “aún falta investigación sobre este tema para determinar realmente las consecuencias de estas modificaciones”.
Además, esperan que se establezcan protocolos de seguimiento a los pacientes en remisión que se ven sometidos a modificaciones de pauta posológica, ya que, según dicen, hay servicios de Reumatología que “lo hacen muy bien, pero hay otros en los que su actuación solo es económica” puesto que “ni siquiera monitorizan a los pacientes” para detectar tempranamente un deterioro. Por ello solicitan que el enfoque sea siempre el beneficio del paciente y “no la búsqueda de ahorros”.
En cualquier caso, el debate está encima de la mesa desde hace tiempo, y ahora la Administración está dispuesta a empujarlo en primera persona. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un ámbito con muchas aristas de carácter legal, sanitario, económico e incluso ético.
A este respecto, la información que se le ofrece al paciente a la hora de cambiar la posología del medicamento, o incluso la utilización de un medicamento a dosis que no resultan eficaces o con un coste por unidad de beneficio superior al que se tiene con la utilización ajustada a ficha técnica, son elementos muy importantes a evaluar. Pero también la utilización de dosis mayores a las necesarias y por tanto, generando un tratamiento más costoso de lo que sería suficientemente eficaz deben ser tratados en estos documentos de consenso.
Durante un tiempo, ha sido habitual que las distintas presentaciones de un mismo medicamento con diferente número de dosis o concentración de fármaco no tuvieran un precio directamente proporcional a la cantidad de principio activo existente. En algunos casos, incluso todos los precios de las diferentes dosificaciones eran idénticos a pesar de la muy distinta cantidad de producto. Esta situación ha sido utilizada frecuentemente por los servicios de Farmacia Hospitalaria para reducir los costes de adquisición.
Era fácil tomar la presentación con mejor relación precio por unidad de fármaco, generalmente la de mayor número de dosis y concentración y, a partir de ella, proceder a su disolución hasta obtener las concentraciones necesarias para pacientes. Unas concentraciones que están disponibles habitualmente como preparados comerciales. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo con la instrucción valenciana que obliga a fabricar en los servicios de Farmacia Hospitalaria el metotrexato inyectable que se utilice en la Agencia Valenciana de Salud (AVS). Pero esta práctica, lejos de estar avalada por textos legales como el artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2012, resulta contraria a la ley ya que supone una fabricación ilegal de un medicamento, que ni siquiera estaría amparada por la regulación de uso de medicamentos en situaciones especiales.
Así lo ha denunciado también Farmaindustria, que ha amenazado a la AVS con acciones legales si no retiraba la instrucción. Según la patronal, además de una fabricación no autorizada, se podría infringir el artículo 88.1 de la Ley de Garnatías por las diferencias en las condiciones de acceso de los pacientes a los fármacos.
La industria reclama que los protocolos se centren en el beneficio del paciente y no solo en la búsqueda de ahorros
Según la SEFH, aunque no hay evidencia por ensayos clínicos, sí que existe consenso médico sobre la seguridad
