Desde que se aprobó el Decreto-ley 2/2013 el pasado mes de marzo, la Comunidad Valenciana ha adquirido un protagonismo notable en la política farmacéutica de toda España. Los algoritmos terapéuticos que han traído de cabeza a la industria, médicos y farmacéuticos, han dado paso a una serie de iniciativas en el ámbito de los servicios de Farmacia Hospitalaria, a la búsqueda de reducir el coste de la prestación farmacéutica lo más posible.
La semana pasada se conoció una instrucción del director general de Farmacia de la comunidad autónoma, José Luis Trillo, según la cual las administraciones de metotrexato parenteral que se realizaran en el ámbito de la Agencia Valenciana de Salud (AVS), tanto en Atención Primaria como Especializada, deberían utilizar un producto elaborado y envasado por los servicios de Farmacia de los hospitales del área. Representantes de la industria se han apresurado a calificar esa práctica de fabricación ilegal, especialmente cuando en el mercado existen presentaciones que abarcan desde los 7,5 a los 30 mg de producto con intervalos de 2,5 mg, que cubren las necesidades de la mayor parte de la población. Por tanto, el proyecto, que no logrará importantes ahorros, parece más bien una prueba piloto de algo más amplio.
Es algo conocido que la situación económica de la Generalitat no es nada envidiable. Pero estas iniciativas sitúan a la AVS muy cerca de cruzar la ley, si no directamente al otro lado, y muy próxima a ser la ‘nueva Andalucía’ de la farmacia. La consejería debe restablecer el diálogo con el sector y la sensibilidad que siempre ha mostrado y, por supuesto, pedir ayuda para atravesar juntos estos difíciles momentos.
