“Es rotundamente falso que esta medida vaya a afectar a la atención médica y que no cuente con el respaldo de profesionales y de sociedades científicas”. Con estas palabras ha respondido la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a las críticas vertidas por el parlamentario andaluz del PP Vicente Valero a la “selección de principios activos para determinadas indicaciones”, denominación que ha venido a sustituir la terminología Alternativa Terapéutica Equivalente. Según la Junta, este sistema “no supondrá limitación o traba a la libertad de prescripción de los facultativos”.
De hecho, insiste el Gobierno regional, el médico podrá prescribir un fármaco que no haya sido seleccionado en este acuerdo marco para un paciente que ya tenga un tratamiento previo, o para el que no considere necesario cambio en el mismo o presente intolerancias o alergias a alguno de los componentes del medicamento seleccionado.
No era ésta la única crítica lanzada desde la oposición. Según Valero, la iniciativa lanzada por la consejera de Salud, María Jesús Montero, es una “aberración” desde el punto de vista científico, que sólo se apoya en un “criterio economicista”. Además, el partido considera que Andalucía no tiene capacidad para llevarla a cabo, motivo por el cual el partido sigue estudiando la posibilidad de denunciarlo ante el Tribunal Constitucional.
La Junta, en cambio, afirma que el programa “es una medida basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional, enmarcada en la Ley de Farmacia de Andalucía y que ya funciona con éxito en países como Suecia”. Señala, asimismo, que entre las ventajas que presenta este nuevo sistema de compra están la protocolización de la prescripción de fármacos en un centro, lo que permitirá seguir guías comunes para prescribir según la mejor evidencia científica disponible y el “menor coste para el sistema”.
