El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), el mecanismo que asumirá gastos que hasta ahora cubría el Fondo de Cohesión, dará por cumplidas una de las reclamaciones históricas de las comunidades: asegurar las facturas de la prestación farmacéutica de los desplazados, según informó la ministra de Sanidad, Ana Mato, al término del Consejo Interterritorial. La secretaria general, Pilar Farjas, informó sobre los trabajos realizados por los técnicos para desarrollar este Fondo, y las comunidades ya están en disposición de enviar al ministerio, para su evaluación, los datos de prestación farmacéutica con los desplazados temporales originarios de otras comunidades.
Lo que no se sabe todavía es si de esta evaluación se desprenderá el pago retroactivo de la deuda acumulada, como pide Cataluña. El Gobierno de CiU ha pedido al ministerio que, aunque el FOGA se ponga en marcha a finales de año, lo haga con efectos del 1 de enero de 2013. Muestra para ello los 53 millones de euros que ha generado la atención a desplazados durante 2012.
No es la única duda que existe en torno a este proyecto de real decreto que, según Sanidad, incluirá la propuesta de tarifas para compensar la Atención Primaria. Al término del Interterritorial, Canarias, que desde 2009 acumula una insuficiencia financiera de unos 2.000 millones de euros, aseguró que el fondo “rompe la cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Según su consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, el fondo “debe compensar por la totalidad de los gastos ocasionados” y ser “transparente”. En este sentido, señaló que en la primera fase, en la que se contemplan las compensaciones en Primaria y Farmacia Ambulatoria, “deben incluirse también los copagos”.
El del FOGA es un ejemplo de que las tensiones financieras a las que están sometidas las comunidades autónomas son más fuertes que cualquier color político. El proyecto genera preocupación incluso en regiones ‘populares’, como Castilla y León. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, teme que esta normativa pueda “interferir y desvirtuar” la prestación de algunos servicios de referencia e incluso los convenios bilaterales entre comunidades para la asistencia de pacientes.
Otros asuntos
En un pleno marcado por la polémica sobre los requisitos para acceder a técnicas de reproducción asistida, el Consejo Interterritorial analizó otros asuntos, como la propuesta de que los discapacitados, en función de su renta, no tengan que adelantar dinero por las ortoprótesis, o los avances en la implantación de la e-receta. Sanidad insiste en que estará generalizada a final de año, aunque solo en Canarias, Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, Cataluña, Cantabria y Navarra está totalmente implantada. El objetivo de la interoperabilidad pasa por un pilotaje que comenzará en breve.
Más allá, por primera vez todos los servicios de salud seguirán las mismas pautas en mamografías e incorporarán en su cartera el consejo genético y las pruebas para la detección precoz del cáncer colorrectal. Si bien su aprobación se ha llevado a cabo sin una evaluación del coste que supondrá para las comunidades, Mato subrayó que el proceso “salva vidas”, lo que en todo caso será “más beneficioso que cualquier otra cuestión”.
