El impacto que en la práctica clínica pueden tener las alternativas terapéuticas equivalentes es un aspecto que preocupa en los dos niveles asistenciales, atención primaria y especializa, así como a los pacientes. Durante la jornada sobre ATEs organizada por EG y Gaceta Médica, Ignacio Esteban, vocal de la junta directiva de Semergen Aragón, que puntualizó que él también desconoce lo que son realmente las ATE, lanzó una pregunta que invita a la reflexión sobre quién tendrá que responder ante el juez cuando surja una complicación o un fallecimiento asociado a una ATE.
En este sentido, Esteban expresó su deseo de que se confíe en el criterio y la labor del médico, y afirmó sentirse aludido con las declaraciones del consejero de Sanidad vasco, Jon Darpón, recogidas por este periódico, que rechaza plantearse la implementación de las ATEs porque tiene “plena confianza” en los médicos. En lo que respecta a un terreno muy especializado, el de los anticuerpos monoclonales contra el cáncer, Agustín Barnadas, secretario general de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), aclara que los fármacos dirigidos a diana no son intercambiables, pues no han sido comparados entre sí con el mismo esquema de tratamiento, o con el mismo perfil paciente, o con el mismo tratamiento acompañante.
Así, especificó que dos de las terapias dirigidas contra HER2 en cáncer de mama, trastuzumab y lapatinib, no son sustituibles porque no han sido evaluadas para la misma línea de tratamiento, y porque mientras lapatinib actúa en el dominio intracelular, trastuzumab lo hace en el extracelular. Además, su perfil de tolerancia es diferente y, mientras este último es cardiotóxico si no se utiliza correctamente, lapatinib no lo es, aunque provoca episodios de diarrea que no se registran con trastuzumab.
Lo mismo ocurre con las moléculas disponibles para cáncer de colon diseminado, bevacizumab, cetuximab y panitumumab. “Tenemos tres fármacos con dianas diferentes, estructura de síntesis distinta, algunos disponen de algún biomarcador de predicción de respuesta al tratamiento, y se han combinado con quimioterapias distintas”, apunta Barnadas.
En cuanto a la implicación de los profesionales para un mejor uso de los medicamentos, el oncólogo añadió que en todos los hospitales se ha conseguido también ahorrar dinero a base de seleccionar mejor los pacientes, pero considera que “no se puede aceptar que determinados fármacos con un nivel de evidencia adecuado, por una razón económica, no puedan ser utilizados”.
La AGP denuncia inequidad
La opinión de los pacientes sobre las ATE también es clara. Carmen Sánchez, miembro de la junta directiva de la Alianza General de Pacientes (AGP), expresó su preocupación por el hecho de que la libertad de prescripción del médico, que sitúa en primer lugar los intereses del paciente, quede relegada a un segundo término con el establecimiento de las ATE. De hecho, aunque la ley ampare al paciente para que tenga acceso a los fármacos que están aprobados en el Sistema Nacional de Salud, las decisiones unilaterales de algunas comunidades autónomas dificultan que estos fármacos puedan llegar a todos los pacientes de la misma manera.
Por este motivo, tal y como apunta Sánchez, desde la AGP solicitan que “la regulación de las ATE se realice mediante un real decreto donde se regulen los requisitos completos que deben cumplirse, y hacer una valoración individual de cada caso, para posteriormente poder ser autorizados debidos a la excepcionalidad que defendemos en aras de la seguridad del paciente”.
