En las últimas décadas, el SNS ha vivido cambios enormes a nivel funcional, jurídico y administrativo. Hoy, se enfrenta a la mayor crisis desde su creación, en buena parte debido a que las medidas adoptadas para hacerla frente han polarizado el debate sanitario. El futuro, según los políticos, gestores y ex gestores que la semana pasada acudieron al curso Presente y Futuro de la Sanidad, organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios y el Instituto Roche dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos (Aranjuez), sólo ofrece un punto de encuentro: afrontar de una vez por toda los cambios culturales en el sistema, aquellos que son capaces de transformar prejuicios, actitudes, valores y comportamientos, y que siguen siendo los más difíciles de conseguir. En el ámbito sanitario, se resumen en dos palabras: evaluación y transparencia.
La evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado es un mandato incluido en la Ley de Salud Pública aprobada en el año 2011. El principio parece claro: sin evaluación, es imposible corregir. Y esta máxima cobra sentido en un momento como el actual, en el cual el problema de la sanidad, para el grupo parlamentario socialista, “tiene que ver con el efecto que tengan en la salud y en la equidad las medidas adoptadas” en la reforma sanitaria.
“Somos un país que evalúa muy poco”, explicaba el asesor del Gobierno de Estados Unidos en temas de salud y ex consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa. Se refería al copago farmacéutico por renta o la estrategia de privatización de Madrid, pero la necesidad de que la evaluación sea una práctica real y común en el SNS toca a muchos más aspectos, como la libre elección sanitaria. La portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Concepciò Tarruella, se preguntaba de qué sirve si los pacientes no conocen la evaluación de resultados de facultativos o centros.
La creación del portal estadístico del SNS, alojado en la página web del Ministerio de Sanidad, podría ser la herramienta que colmara las expectativas de evaluación. Pone a disposición de los ciudadanos más de 100 indicadores que permiten comparan resultados de salud. El PSOE denuncia que su actualización se ha paralizado en el último año y medio. Lo cierto es que su última actualización, relativa a la Información estadística de Población y Recursos en AP, pese a datar del 1 de julio de 2013, ofrece datos de 2011.
Evaluación en Farmacia
La evaluación es especialmente relevante es en el caso concreto de la política farmacéutica. La exigencia de un centro encargado de todo lo relacionado con el coste-efectividad, al estilo el NICE, sigue siendo una demanda de CiU, y también de la Izquierda Plural, que lo sigue solicitando en sus enmiendas a la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Según su portavoz de Sanidad en el Congreso, Gaspar Llamazares, “hay margen para poner en marcha una verdadera agencia de calidad tanto para nuevas tecnologías como para medicamentos”.
Pero la evaluación de medicamentos es uno de los ámbitos que más dudas está generando el sector farmacéutico. En primer lugar, por el cambio que se pretende introducir con los informes de posicionamiento terapéutico. En segundo lugar, por las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos desde que Ana Mato es ministra de Sanidad. Según José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, señaló que uno de los riesgos que hay que evitar de cara al futuro es el retraso de la entrada de las innovaciones farmacéuticas a causa de “una visión economicista que puede tener efectos para la salud”.
Según Martínez Olmos, este peligro potencial puede estar ocurriendo. “Hasta 2011, toda la innovación biomédica estaba a disposición de los ciudadanos. Hoy tenemos 56 medicamentos esperando a ser incorporados desde hace dos años, algunos frente a diversos tipos de cáncer”, dijo.
Precisamente el grupo socialista ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas en relación a “una quincena de medicamentos contra diferentes tipos de cáncer que siguen sin estar incorporados a la prestación farmacéutica del SNS”: ofatumubad, gimeracilo, eribulina, everolimus, vanderanib, ulipristal, vemurafenib, mercaptopurine, pixantrona, axitinib, decitabina, breturximab, crizotinib, aflibercept y pertuzumab. El grupo pregunta al Gobierno “si es cierto que estos fármacos están pendientes” de ser autorizados por la Comisión Interministerial de Precios; “desde cuándo” está pendiente esa decisión y “cuándo tiene previsto decidir el Ejecutivo” en relación a la posibilidad de su inclusión en el SNS.
El futuro
Según los grupos de la oposición, hay margen para reformar el sistema fiscal y luchar contra el fraude; para derogar el Real Decreto-ley 16/2012 y la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad; para mejorar la financiación sanitaria; para superar la brecha entre Primaria, Especializada y centros socio-sanitarios y para dar mayor participación a los pacientes. El PP, por su parte, insiste en empezar a buscar consensos desde la situación actual, dado que hace un año la situación era muy distinta. “Hace un año no sabíamos si iban a ser intervenidos. El país estaba a punto de sufrir una degradación individual de cada ciudadano y global como país”, explicó Manuel Cervera, portavoz popular de Sanidad en el Congreso.
El futuro genera otra pregunta en la que no hay acuerdo: la de si el Ministerio de Sanidad seguirá siendo necesario. Tarruella es partidaria de cerrarlo. “La única competencia hoy que tiene es la de los fármacos, y eso se podría hacer con una Dirección General en otro ministerio”, dijo. Pese a criticar la tendencia recentralizadora, Llamazares consideró que el ministerio “sigue teniendo competencia técnica muy importante”. Pero fue Olmos quien se llevó el aplauso de Cervera al asegurar que el hecho de que haya un ministerio “defiende a la ciudadanía de los economistas”.
