Cuando se cumple un año de la reforma sanitaria, el Europarlamento ha aprobado una propuesta de resolución sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables de asistencia que deja en entredicho varias de las decisiones adoptadas a través del Real Decreto-ley 16/2012.
De hecho, la reforma sanitaria española es mencionada expresamente en una de las consideraciones de la resolución, al asegurar “que se están modificando algunos sistemas de seguridad social para eliminar o limitar el acceso de determinados grupos a la atención sanitaria y al reembolso de ciertos tratamientos y medicamentos, creando así riesgos adicionales para la salud personal y pública, así como para la sostenibilidad a largo plazo de dichos sistemas”.
A modo general, el Europarlamento considera que muchas de las medidas de reducción de costes a corto plazo que se están aplicando en los estados de la UE, como la introducción del acceso directo a las cuotas de la atención sanitaria, los gastos directos más elevados o la exclusión del acceso a la asistencia de los grupos vulnerables, como los inmigrantes irregulares, “no se han evaluado plenamente en relación con las consecuencias sociales y económicas generalizadas o los posibles efectos discriminatorios y las implicaciones a largo plazo, incluidos los riesgos para la salud pública y las posibles consecuencias en la esperanza de vida”.
Es más, el documento considera que dejar a las “personas vulnerables” sin acceso a los servicios asistenciales o de atención sanitaria “representa un ahorro falso”, ya que puede tener una incidencia negativa a largo plazo tanto en los costes sanitarios como en la salud individual y pública.
No son las únicas llamadas de atención a la política sanitaria del Gobierno español, cuya decisión de eliminar las partidas destinadas a prevención en los últimos Presupuestos Generales del Estado no es del gusto de la Eurocámara. A este respecto, la resolución señala “los efectos negativos a largo plazo” de estos recortes en época de crisis. Asimismo, considera que en caso de que resulte necesario reducir las medidas preventivas, “por lo menos deben mantenerse al nivel anterior, para preservar la continuidad y no destruir la infraestructura”.
Todo ello, sumado a la variabilidad con las que las diferentes medidas de ajuste en el ámbito sanitario se han difuminado por los estados miembro, llevan al Parlamento a pedir a la Comisión Europea y a los estados información sobre las medidas de austeridad aplicadas “y evaluaciones del impacto social de las medidas de austeridad”. Además, solicitan a la Comisión que incluya recomendaciones para abordar la repercusión social y económica a medio y largo plazo de estas medidas en sus recomendaciones específicas por países y que el proceso del Semestre Europeo no se centre solo en la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social, sino que tenga en cuenta también las posibles repercusiones en la accesibilidad y la calidad de los servicios de asistencia.
