Pocos cambios incluirá, previsiblemente, el proyecto de modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos en su paso por el Senado. A expensas de que el debate que esta semana se celebra en el Pleno de la Cámara Alta pueda deparar alguna sorpresa, la sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad celebrada el pasado jueves para dictaminar la Ponencia dio a los grupos de la oposición pocas esperanzas. No obstante, las farmacias pueden sentirse aliviadas, al menos en lo que les toca por el impacto de los precios notificados. Una enmienda del grupo popular les permitirá comprar medicamentos a precio del Sistema Nacional de Salud, y practicar devoluciones si venden a precio de privado. Ya no tendrán que adelantar dinero a la industria, como se pensaba.
El procedimiento, que tendrá que definirse a través de un futuro desarrollo reglamentario, pretende hacer efectiva la nueva redacción del artículo 90 de la Ley que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, que implica que los fármacos incluidos en el régimen de financiación del SNS únicamente serán vendidos a su precio de financiación en caso de que sean efectivamente dispensados con cargo al sistema público.
La aplicación de este régimen de precios hace necesario, para el grupo popular, que todos los agentes implicados en la venta y distribución de medicamentos “conozcan el destino final de los mismos”. Es decir, que laboratorios, mayoristas y farmacias (a través del CGCOF) estarán obligados a facilitar la información necesaria.
Pese a este logro, sigue en el aire el asunto de los descuentos, con la dialéctica que mantienen los dos grupos mayoritarios. El PSOE insiste en que la ley vigente limita hasta un máximo del 10 por ciento los descuentos en el caso de los fármacos financiados con cargo al SNS pero posibilita descuentos sin límite de los productos sanitarios, y que el proyecto “se propone contemplar el mismo límite para los productos sanitarios con cargo al SNS, que posibilitará a los fabricantes reducir sus precios en beneficio del SNS”. Los argumentos siguen sin convencer al PP, que decidió no incluir esta enmienda en el trámite de la Ponencia.
Sustitución por EFG
De hecho, el grupo popular solo admitió dos enmiendas de carácter técnico del PSOE y Entesa, lo que hasta el momento arroja un saldo positivo únicamente para todas las enmiendas del PP, salvo una, que fue retirada junto con otra de CiU, redactada en el mismo sentido.
El malestar trasladado por la industria del genérico, rechazando de plano la posibilidad de que los fármacos de marca puedan adoptar la calificación de EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico) una vez finalizada su patente parece haber hecho mella entre estos dos grupos parlamentarios. Tanto el popular como el catalán (este último se ha manifestado en varias ocasiones abiertamente partidario de acabar con la preferencia del genérico en caso de sustitución) pretendían clarificar la situación generada tras los cambios aprobados en el Congreso de los Diputados, de manera que en caso de igualdad de precio el farmacéutico pudiera sustituir con un medicamento calificado EFG, fuera o no genérico.
Los grupos de Entesa y PSOE mostraron su malestar por la decisión de la Cámara del Senado de no admitir a trámite las enmiendas relativas a la universalización de la sanidad, utilizando el argumento de la “evidente y manifiesta falta de conexión” con el proyecto. Para Mónica Almiñana, senadora de Entesa, esta decisión supone un agravio para los grupos del senado respecto a la capacidad de enmendar proyectos de ley.
Las farmacias pueden sentirse aliviadas por los precios notificados, ya no tendrán que adelantar dinero a la industria
El malestar del sector de los genéricos por el uso de las siglas EFG ha hecho mella en los grupos de PP y CiU
