En 2009, y después de una campaña de concienciación social sin precedentes, la Organización Colegial de Enfermería consiguió modificar el artículo 77.1 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento (Ley del Medicamento) para dar legalidad jurídica a la prescripción de medicamentos y productos sanitarios. Así se introducían dos tipos de prescripción: autónoma, que atañe a medicamentos sin receta médica y productos sanitarios; y a través de protocolos y guías de práctica asistencial (consensuados por el ministerio y las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros) para los medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin embargo, este hito se quedó a medias y la labor y el trabajo de nuestra organización no acabó en aquel momento.
Para el desarrollo definitivo de esta competencia enfermera, la modificación de la Ley del Medicamento contiene el mandato legal al Gobierno para que apruebe un real decreto que desarrolle las bases sobre las que se va a sustentar dicha prescripción. Un texto necesario que se está demorando sin razón objetiva aparente. Han pasado cuatro años y el incumplimiento del mandato está obligando a las enfermeras a poner en riesgo diariamente su seguridad jurídica para no perjudicar al paciente. Una situación que no se debe alargar más en el tiempo.
El desarrollo definitivo de la prescripción enfermera es uno de los temas urgentes en la negociación abierta entre el Ministerio de Sanidad y la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera compuesta recientemente por el Consejo General y el Sindicato de Enfermería (Satse). Ya en abril recibimos el compromiso firme de dar curso a este texto legal y creemos que estamos en la antesala de nuestro deseado y justo objetivo.
Esperemos que esta vez podamos devolver la seguridad jurídica a los 260.000 enfermeros y enfermeras que hacen posible, con su trabajo, el funcionamiento de la sanidad española. Es un deber ministerial que no debe posponerse y por el que se ha trabajado de manera muy intensa en estos cuatro últimos años.
