Que no sabemos cuál es la efectividad de un nuevo medicamento es algo que ocurre en España y más allá. Si algunos expertos economistas apuestan por este tipo de estudios, deberían tener presente que el coste del medicamento se incrementará aún más, y me temo que de lo que se trata es de que cuesten cada vez menos, o de establecer alguna traba al acceso de los pacientes a determinados medicamentos. El Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad (GTS), impulsado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha puesto el acelerador y está formulando sus propuestas, en apenas cinco meses. Le preocupa a sus miembros que la equidad está en peligro, especialmente si alguien que no es médico decide que una hepatitis se puede tratar de manera diferente en Andalucía que en Madrid: el GTS es crítico con políticas autonómicas que persiguen impedir el acceso a la innovación. Cuando esto lo dicen los pacientes, los farmacéuticos, los médicos… Imagino que alguien se dará por aludido en la Junta de Andalucía. Quizá ayude el debate que el Consejo de Médicos de Andalucía celebrará el 26 de junio en Sevilla. Si se excluyen medicamentos por razones de ahorro, la libertad de elección se limita y los pacientes no tienen los mismos derechos, dicen en su convocatoria los médicos andaluces. Una verdad como un templo.
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