Escucho con demasiada frecuencia que las reglas del juego no están claras. Atrás quedaron los tiempos en los que la bioequivalencia cuestionaba lo incuestionable sobre los genéricos. Pero ahora llegan los “equivalentes terapéuticos (ET) que no tienen base científica, pero si económica. Y, por otro lado, los biosimilares, con algo más de base científica, gracias a que hay ensayos clínicos de por medio.
España no puede ser la brecha de Europa por la que se cuele inseguridad jurídica para las empresas biomédicas. Afortunadamente, la Agencia Española del Medicamento, muy prudente con las ET, tiene claro que un biosimilar debe tener estudios clínicos que den consistencia a sus indicaciones. Algo que también protege a las compañías que investiguen biosimilares de otras que quieran unirse al concepto de querer vender un medicamento como si hubiera sido investigado, sin serlo. En Europa, la EMA lo tiene claro también. Con la ET ya estoy más preocupado. Que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía sepa más que la Asociación Española de Urología para el tratamiento del cáncer de próstata muestra una soberbia de la administración de turno que huele a ahorro puro y duro. Los andaluces ya son ciudadanos de segunda. La equidad se rompe.
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