Fue uno de los representantes españoles en la jornada que la EPHA organizó en el Europarlamento sobre acceso a los medicamentos. Joan Rovira es doctor en Economía y profesor emérito de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Fundador y ex presidente de la Asociación Española de Economía de la Salud, ha asesorado a la OMS, la Organización Panamericana de la Salud; el Banco Interamericano de Desarrollo; la OECD, la Comisión Europea, entre otros organismos, así como a la industria farmacéutica, lo que le convierte en una de las mayores autoridades en economía de la salud y política farmacéutica. EG ha hablado con él.
Pregunta. Dice que ni los estados con mayor renta ni las grandes compañías farmacéuticas estarían a favor de un sistema de regulación de precios ‘eficaz’. ¿Por qué?
Respuesta. Mi opinión es que ni los estados con mayor renta ni las grandes compañías farmacéuticas están a favor de un sistema de regulación de precios sostenible y equitativo para los países de menor nivel de renta. Los estados con mayor nivel de renta exigen a las empresas los precios que éstas aplican a los países de menor nivel de renta, si estos son más bajos que los que aquellas les solicitan. Parecería más lógico y equitativo que los países más ricos aceptasen pagar precios más altos, pues ello implicaría que aceptan hacer una mayor contribución a la I+D (y a otros gastos generales). Las empresas aceptan cargar precios más bajos (normalmente mediante descuentos confidenciales) a los países de mayor potencia económica para no perder estos mercados y evitar que los países más pobres exijan, a su vez, estos precios más bajos.
P. Los efectos de la estructura de precios de los medicamentos en Europa indican desde hace años una curva de convergencia. ¿Vamos hacia un precio único?
R. Europa parece caminar hacia una banda de precios oficiales (de lista) progresivamente más estrecha para los nuevos lanzamientos; los precios de transacción (reales) posiblemente sean más bajos para los países económicamente más potentes.
P. ¿Cree que los estados de la UE pondrán en riesgo sus políticas nacionales en relación al medicamento dando su visto bueno a la Directiva de Transparencia?
R. Esto lo dejo que lo respondan los propios interesados.
P. ¿Cree que cada vez más los Estados pondrán más énfasis en el control de qué financian (financiación selectiva y evaluación) que en los precios?
R. Creo que no tiene sentido separar la financiación selectiva y la evaluación de la fijación de los precios: la evaluación puede usarse tanto para determinar el precio como para decidir si se financia o no un medicamento. Sobre lo que vayan a hacer en la práctica los estados, prefiero abstenerme.
P. ¿Por qué, a su juicio, pese a estar establecidas y ser conocidas y reclamadas por todos, siguen sin aplicarse de forma contundente las políticas de coste-efectividad?
R. Esto debería preguntárselo a los que tienen responsabilidades y poder de decisión en el sistema de salud. En cualquier caso, no es por falta de recursos humanos con capacidad técnica para llevarlo a cabo. Tal vez piensan que los recortes – ahora se les llama desinversión – son políticamente más aceptables si se hacen sin criterios definidos y echándole la culpa a la troika, que si se plantean con criterios explícitos de eficiencia asumidos por los gestores públicos y por los ciudadanos.
P. En Bruselas comentó dos opciones para una regulación ‘eficaz’ de los precios. Una pasa por separar los incentivos a los innovadores de los derechos de exclusividad y derechos de monopolio…
R. Si hablé de una regulación eficaz, fue una imprecisión terminológica. Intentaba esbozar mecanismos de regulación eficientes en cuanto a que provean incentivos para que las empresas dediquen sus esfuerzos de I+D a desarrollar medicamentos coste-efectivos desde una perspectiva de interés social y que al mismo tiempo den lugar a una estructura internacional de precios equitativa, es decir, que haga que los países más ricos contribuyan con más intensidad a financiar el bien público global que es la innovación biomédica. Una opción para ello es desvincular los incentivos financieros a la innovación de los precios de los medicamentos. Existen diversos mecanismos que se basan en este principio, tales como los premios y los fondos de innovación en salud: se paga directamente a la innovación, en sí misma, y los productos se producen en régimen de competencia desde el primer día, como los genéricos.
P. ¿Qué beneficios supondría optar por esta posibilidad?
R. Permitiría a la sociedad determinar prospectivamente cuánto quiere dedicar a la I+D biomédica y en qué quiere que se innove. Generaría incentivos para intentar reducir los costes de producción y para dedicar más fondos a la I+D y menos a publicidad, comercialización, lobbing…
P. La segunda consiste en introducir una regulación adecuada de precios para productos bajo patente. ¿Cuál es la diferencia?
R. La diferencia es que mientras la primera actuaría a priori (estableciendo los incentivos directamente, mediante la retribución de la innovación), la segunda, al aplicarse sobre los precios de los productos resultantes, lo hace a posteriori. De todas formas, si el regulador deja claro para qué innovaciones va a permitir precios más altos y actúa de forma coherente con dichos criterios, los efectos respecto a orientar la I+D pueden ser similares en ambas opciones.
P. ¿Es sostenible la dinámica de incremento de precios de los nuevos medicamentos?
R. Creo que tiene un coste de oportunidad elevado en términos de otros bienes y servicios a los que la sociedad tiene que renunciar y que no se justifican por el valor que aportan la mayoría de nuevos medicamentos, sino que se deben a un sistema de regulación obsoleto tanto en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual como a los mecanismos de regulación y financiación de los medicamentos.
Pregunta. ¿Son sostenibles en el tiempo los recortes de precios de los medicamentos y los sistemas de regulación articulados en Europa con el fomento de la I+D biomédica y farmacéutica?
Respuesta. Con sistemas de regulación mejor diseñados y aplicados, los recortes que se están haciendo por motivaciones macroeconómicas podrían orientarse a desalentar una gran cantidad de gastos de la industria que no tienen mucho que ver con la innovación, tal como la defino. Y a minimizar o incluso mantener los incentivos para una innovación socialmente necesaria que aporte valor al arsenal terapéutico actual en términos de bienestar.
P. ¿Cómo se debería articular la innovación?
R. Para mí un primer punto es que la UE, y también la comunidad internacional, llegue a un consenso explícito o implícito sobre cuál sería la distribución justa de la contribución de cada país a la I+D biomédica. Por ejemplo, en proporción al PIB, tal como se financian otros “bienes públicos” tales como los organismos de las Naciones Unidas. En segundo lugar, se habría de concretar y definir operativamente en qué consiste la innovación que la sociedad desea promover y por la cual está dispuesta a pagar: –valor terapéutico añadido, reducción de costes de tratamiento…– y recompensar adecuada y proporcionalmente a los respectivos innovadores.
