El acceso a los medicamentos en el contexto de la crisis obliga a reconsiderar qué opciones existen para acercarse a una regulación europea que asegure dicho acceso, incentive la innovación y contribuya a la I+D biomédica por parte de los estados. Varios países, entre ellos España, siguen rechazando la Directiva de Transparencia. Bajo el argumento de que afecta al principio de subsidiariedad subyace el temor a perder competencias en una herramienta clave para generar ahorros rápidos Pero tampoco la industria podría estar dispuesta a dar la bienvenida a una regulación de precios “efectiva”, según los expertos.
Así lo aseguró el economista Joan Rovira, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, en una jornada celebrada en el Europarlamento que pretendía responder a la pregunta de si pueden los europeos acceder a los medicamentos. Discutir este tópico en un contexto de crisis lleva a considerar tres determinantes: la capacidad de la población para pagarlos; su disponibilidad en términos de abastecimiento y la innovación entendida como el desarrollo de métodos que aseguren los mejores resultados en salud posibles.
Pese a lo que pudiera parecer, la crisis ha generado una oportunidad para reducir el gasto farmacéutico público (supone el 1,1 por ciento del PIB europeo) y maximizar los beneficios de la inversión pública en medicamentos. Sin embargo, la reducción del gasto farmacéutico en muchos países “no ha significado un uso más racional de los fármacos”, según la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA), organizadora de la jornada, sino simplemente “un incremento de los copagos”.
¿Hay un sistema ideal?
Los cambios en el copago (trece en nueve países en los últimos años) se sitúan en segundo lugar en el ranking de las intervenciones estatales más populares para hacer frente a la crisis. La primera en la lista son las reducciones de precios. Al menos 20 estados utilizan un sistema de precios de referencia que no solamente ha generado ahorros, también ha incrementado los copagos y problemas de suministro, entre otras causas, según la EPHA, por utilizar medicamentos registrados pero no disponibles en el mercado para marcar el precio.
Sin embargo, continúan siendo las referencias de precio externas las que mayores problemas y distorsiones generan en el acceso a los medicamentos en Europa. Después de que Alemania y Malta se sumaran a este sistema en 2012, la comparación internacional se ha generalizado en toda la UE, salvo en Bulgaria, Chipre y Reino Unido. Algunos países que ya la utilizaban ampliaron el rango de países referenciados; otros han cambiado la metodología para obtener precios aún más bajos.
El actual sistema tiene tres efectos: una convergencia de precios (ver gráfico) que beneficia a los países con más ingresos; un retraso en los lanzamientos en los países con ingresos más bajos; y la ausencia de una información fiable sobre los precios. Según Rovira, un sistema de precios “efectivo” implicaría llegar a un consenso sobre “cuál sería la contribución más justa de cada país a cambio de un acceso universal a la innovación biomédica”.
Sobre la mesa hay varias opciones: por un lado, separar los incentivos a los medicamentos innovadores de los derechos de exclusividad y derechos de monopolio; por otro, desvincular los costes de I+D del precio del producto final. Una tercera opción, según asegura Rovira, podría ser que aquellos países que puedan (los más ricos) utilicen un sistema de precio basado en valor (el denominado Value Based-Pricing) y en el ratio de coste-efectividad incremental. Aquellos que no puedan permitirse un sistema como éste, sí podrían utilizar como referencia los precios de los países que utilicen el VBP, y ajustarán los precios a su PIB per capita.
Todas las opciones demandan sacrificios que ni los estados ni el propio sector pueden estar dispuestos a asumir. El 1 de mayo, la patronal de la industria farmacéutica innovadora estadounidense firmó una declaración en la que señalaba que el derecho a la protección de la propiedad intelectual no debería ser socavado por “barreras discriminatorias en el acceso al mercado, incluyendo políticas gubernamentales en materia de precios y reembolsos”.
