Para los pacientes ya no se puede hablar de sanidad universal. Así lo expresó Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), que insistió que con las últimas medidas adoptadas, sobre todo con la entrada en vigor del RDL 16/2012, “se ha pasado a una sanidad de aseguramiento”. En este sentido, Toledo insistió en que la Administración debería dejar a un lado las medidas cortoplacistas “como los diferentes copagos adoptados”, ya que estos, insiste, no hacen más que aumentar el gasto a largo plazo. “Los pacientes necesitamos expresar nuestra preocupación por todos estos cambios, no podemos tolerar que no se pueda tener acceso a tratamientos porque esto lo único que hace es aumentar el coste a largo plazo para el Sistema Nacional de Salud”, puntualizó.
De este modo, el presidente de la AGP pidió un acuerdo entre todos los agentes sociales para poder alcanzar una mayor sostenibilidad y asegurar así el acceso a los tratamientos. De este modo, recordó las diferencias que hay entre unas comunidades y otras, y solicitó una mayor equidad que acabe con las diferencias entre ciudadanos.
La falta de equidad es uno de los principales retos en el acceso a medicamentos en el hospital. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas del II Foro de Debate de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) celebrado la pasada semana. En este encuentro participó Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), que insistió en que “cada vez hay más diferencias territoriales en los tratamientos”. En este sentido, incidió en que los pacientes “se convierten en ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde vive cada cual”.
En la misma línea se pronunció Javier de Castro, del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de la Paz, que precisó que “hoy en día el acceso a fármacos hospitalarios es una carrera de obstáculos”. A este respecto, no considera lógico que “se tarde más de un año en conceder un reembolso y que, una vez concedido, se de a unas comunidades y no a otras”. Así, cree que el Ministerio de Sanidad debería adoptar un papel integrador para paliar este desequilibrio porque, en su opinión, “hay 17 reinos donde cada uno hace lo que quiere y, a lo mejor, viviendo en Segovia no se tiene un fármaco que sí se puede obtener en Madrid”.
Por su parte, César Vicente Sánchez, director general de Gestión Económica y Farmacia de las Islas Baleares, aseguró que su comunidad se plantea la creación de comités éticos en todos los hospitales baleares para estudiar el acceso a fármacos hospitalarios en busca de una mayor eficiencia. Una propuesta que rechazan totalmente desde la AGP. De este modo, Toledo recordó que estos comités ya existieron durante los años 70. “Eran los denominados comités de la muerte, que determinaban quien podía acceder a un tratamiento y quien no”, manifestó.
Con Toledo coincidió De Castro, que rechazó la creación de estos comités. “Que un juez determine que dos meses de supervivencia no es económicamente rentable es muy serio porque estamos hablando de la vida de una persona”, puntualizó.
Sin embargo, Sánchez recordó que durante muchos años “se han quemado recursos y se han matado moscas a cañonazos”. Así, insistió en que se han recibido muchas quejas de jefes de servicios de farmacia de hospitales que recogían como a pacientes con casi ninguna posibilidad se les dispensaba los tratamientos más caros”. Para la Administración, comentó, esto supone un gran gasto. “No hemos abonado casi ninguna factura en 2012, tengo mensajes diarios de los laboratorios asegurando que se van a retirar”, incidió.
Copago hospitalario
Por otro lado, el director general de Farmacia de Baleares insistió en que la implantación de un copago hospitalario no sería rentable. “Hemos discutido este tema con el ministerio y simplemente los costes que supondría adaptar este sistema hace que el copago hospitalario no tenga sentido”, sentenció.
Sobre este particular, Toledo incidió en que el copago no hace más que aumentar el gasto. “Estamos observando que con el copago los pacientes no retiran su medicación, y esto lo único que provoca es un mayor número de hospitalizaciones y, por tanto, un mayor gasto para el Sistema Nacional de Salud. No tiene sentido su aplicación si el objetivo es la sostenibilidad del sistema”, dijo. Por eso, exige medidas a largo plazo que busquen el bien del paciente y la eficacia del sistema.
Por su parte, Encarnación Cruz, subdirectora de Compras de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de Madrid, remarcó que en este momento la “responsabilidad de la Administración es gestionar adecuadamente los recursos” y, en este sentido, puntualizó que, ahora más que nunca, “los recursos son limitados y a veces tenemos que tomar decisiones que no son nada fáciles”. Aún así, aseguró que desde la Comunidad de Madrid se busca aunar todas las posturas para intentar tratar a todos los pacientes.
Riesgo compartido
Para lograr una mayor eficiencia Cruz insistió en la necesidad de evaluar y asegurar los resultados y, en este sentido, apuntó a los contratos de riesgo compartido para asegurar estas evaluaciones. Así, abogó por el riesgo compartido para facilitar un mayor acceso a los fármacos, un aspecto que también resaltó Pedro Gómez, secretario general adjunto del Instituto de Salud Carlos III, que resaltó los esfuerzos que se están haciendo desde muchas comunidades autónomas para apostar por este tipo de contratos. Sin embargo, recordó que los recortes en investigación realizados no ayudan a potenciar esta colaboración.
En este sentido, De Castro recordó que, “aunque muchas veces se pinte a la industria farmacéutica como los malos, son los únicos que han hecho y están haciendo investigación en este país”. Así, considera que los hospitales españoles “a veces son muy rígidos a la hora de aceptar contratos de riesgo compartido o cualquier colaboración público-privada”.
