El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance, es consciente de que la situación por la que atraviesa el sector de las oficinas de farmacia no es el más deseable. Sin embargo, es optimista de cara al futuro. Subastas, catálogos de servicios, impagos, liberalización… Mingorance ofrece su visión a EG sobre todos estos asuntos que preocupan a los farmacéuticos andaluces.
Pregunta. Al presidente del Cacof hay que preguntarle por las subastas. ¿Cómo viven los farmacéuticos la guerra entre el Gobierno central y la Junta?
Respuesta. Los compañeros se limitan a hacer lo mejor posible su trabajo y a mantener la calidad asistencial de la farmacia, que ya es mucho en los tiempos que corren. Lo que pedimos siempre es que las administraciones se pongan de acuerdo, y si no lo consiguen, que los tribunales decidan. No es nuestra guerra. Ya dijimos lo que teníamos que decir y, a partir de ahí, simplemente hemos seguido trabajando y mirando hacia delante.
P. ¿Qué balance hace de la primera fase de las subastas?
R. La situación ha sido de relativa normalidad, porque llevamos tanto tiempo hablando de la entrada en vigor de la subasta que la verdad es que llovía sobre mojado. No ha sido el camino que a la farmacia andaluza le hubiera gustado tomar, y siempre hemos creído que podrían haberse buscado otras fórmulas de ahorro para el sistema que no cercenaran la autonomía de gestión, y también profesional, de la farmacia. Pero también le digo que no nos vamos a pasar la vida mirando hacia detrás.
P. El SAS dijo que en caso de no tener el medicamento prescrito de la lista de subastas se podía sustituir por otro de menor precio. ¿Qué porcentaje de sustituciones se han realizado y que laboratorios han sido los más afectados?
R. Han estado en falta puntual algunos medicamentos, sobre todo los primeros días, y por eso se hizo esa consulta al SAS para evitar que el paciente se viera afectado. La situación de tensión entre Gobierno central y autonómico y el tira y afloja ante el Tribunal Constitucional en que se ha visto envuelto todo el proceso ha generado mucha inseguridad e incertidumbre para toda la cadena del medicamento hasta el último momento. Pero lo importante es que se ha evitado cualquier perjuicio al paciente y a nadie le ha faltado la medicación que necesitaba. El porcentaje de sustitución no ha sido alto, y tampoco destaca en especial ningún laboratorio sobre otro, porque han sido faltas puntuales.
P. ¿La distribución demanda medicamentos que no son los de las listas para poder atender esas ‘sustituciones’? Lo digo porque si no se piden, ya que teóricamente no serán dispensados, no podrían llevarse a cabo las mismas.
R. La situación tiende a normalizarse y, por tanto, esos problemas a los que alude serán más improbables conforme pase el tiempo.
P. De cara a la tercera oleada de subastas, las que entran en vigor en mayo, ¿qué perspectivas se tienen?
R. Esos principios activos que entran en vigor en mayo, que son pocos en relación al grueso de la segunda subasta del 1 de abril, están identificados perfectamente. El Cacof ha informado a las farmacias en tiempo y forma y no tiene que coger a nadie desprevenido: ni a las farmacias ni a la distribución o a los laboratorios.
P. Subastas aparte. Desde el Cacof se presentará un catálogo de servicios a la Consejería de Sanidad a partir de otoño…
R. La cartera de servicios no es la panacea para compensar la caída de ingresos de la farmacia, menos aún si estos servicios tiene que pagarlos al completo el paciente. Puede ser una ayuda en algunos casos, pero lo que es seguro es que es un punto de no retorno para situar al farmacéutico y a la farmacia en el sitio en el que le corresponde en el sistema de salud. También es un mecanismo para hacer visibles y constatables los beneficios, en resultados de salud y de ahorro para el sistema, que representa la actuación profesional del farmacéutico en muchísimos campos: SPD, seguimiento farmacoterapéutico, cribado de determinadas patologías… Estoy convencido de que la Administración, con los resultados en salud y ahorro en la mano, acabará sufragando, de forma íntegra o en parte, muchos de estos servicios al paciente que lo necesite.
P. ¿No sería mejor para el colectivo establecer una cartera única y común para todos?
R. Hay que empezar a andar, y eso es lo que estamos haciendo todos. En lo básico coincidimos todos, tanto el Consejo General como las comunidades. Posiblemente hay un catálogo común a nivel nacional, pero luego los consejos lo adaptaremos a nuestro territorio y a las prioridades y necesidades de nuestras noticias y también de nuestras administraciones regionales. Tengo la sensación de que todos estamos en la misma dirección: unos empezamos por un sitio y otros por otro. Posiblemente no todos podamos hacerlo a la vez, pero no lo veo problema.
P. Los rurales dicen que mejor que el previo pago del usuario se podría establecer un sistema basado en parte del margen del medicamento financiado. ¿Qué piensa?
R. Respeto todas las opiniones, pero el movimiento se demuestra andando y eso es lo que hemos hecho, empezar a andar. En la mano del Consejo Andaluz no está cambiar de un día para otro el sistema de retribución, lo que sí está en nuestra mano desde ya es proporcionar las herramientas y los argumentos para que la farmacia sea cada vez más imprescindible para el sistema.
P. Sobre este particular, Sefar también duda de que el SPD, un servicio que se ha puesto en marcha recientemente en Andalucía, tenga futuro en las farmacias rurales por el problema para costearlo.
R. No me cabe duda de que en otro escenario económico la propia Administración sufragará en parte o totalmente el servicio de SPD a personas que lo necesitan, tanto en esos entornos rurales como en las barriadas deprimidas de las ciudades o donde haga falta, porque el perfil del paciente con recursos escasos no es exclusivamente rural.
Pregunta. Hablemos de impagos. Visto lo visto en otras comunidades, los farmacéuticos andaluces no se pueden quejar, ¿no?
Respuesta. Hay que reconocer que en Andalucía la Administración ha tenido sensibilidad y paga puntualmente.
P. Al menos, no tenéis un decreto-ley como el valenciano. ¿Es preocupante?
R. Sí, es muy preocupante en muchos aspectos, desde luego en cuanto a la concertación al margen de los colegios. No genera ahorro al sistema, antes bien, podría provocar incluso un repunte del gasto. Desde luego, puede provocar desabastecimiento, y no digamos ya cierres de boticas por asfixia si se concertara individualmente. Es una pena que en un texto de ese calado no se haya contado con la opinión del sector. Espero, de verdad, que las aguas vuelvan a su cauce en esa comunidad, tanto respecto al Decreto-ley como en la regularización del pago a las farmacias, porque no parece una situación sostenible por mucho tiempo.
P. Y de la liberación…
R. Pues si sigue adelante con su proyecto el Gobierno tendrá que aclarar muy bien a quién beneficia y quiénes son de verdad los que la están pidiendo, porque no es Europa ni es el paciente, esto está bastante claro. Y en estos momentos, el sistema actual ahorra además dinero al Estado y a las autonomías, así que como poco les va a resultar difícil de justificarlo.
