Jaime Carbonell , presidente del COF de Alicante Todavía con una deuda de más de 320 millones de euros con las farmacias de la Comunidad Valenciana, el 5 de marzo se publicó por vía de urgencia el Decreto-ley 2/2013, texto validado una semana más tarde por las Cortes con la oposición de todos los partidos excepto el PP. Es evidente que la ruina económica en la que se encuentra nuestra comunidad ha llevado a la Consejería de Sanidad a una huida hacia adelante con un decreto-ley no consensuado con el sector, que nos ha cogido a todos por sorpresa, que presupone un ahorro imposible de alcanzar y que, además, pretende desunir a los farmacéuticos mediante la concertación individual con las oficinas de farmacia. No debe ser fácil pensar con sentido común teniendo encima una comunidad en ruina, en permanente agonía económica y a expensas de las aportaciones del Gobierno central para evitar el temido default. Pero el sinsentido, el despropósito para los pacientes y la farmacia de este texto resultan inéditos en España. No todo vale en aras del supuesto ahorro. Urge diálogo, más que nunca, para reconducir la prestación farmacéutica en esta comunidad por el bien del paciente. Diálogo, porque este decreto-ley incluye la dispensación directa de medicamentos y productos sanitarios desde espacios no autorizados o el reparto a domicilio, una manera de reducir costes muy difícil de entender. ¿Es que el reparto a domicilio resulta barato? ¿Y profesional? ¿O es que el paciente va a recibir un producto de una calidad digamos ‘dudosa’? Porque si no, ¿dónde está el ahorro? Diálogo, porque la concertación individual incluida en el texto abre la puerta a la existencia de farmacias no concertadas, vulnerando el derecho ciudadano a la igualdad en la dispensación de los medicamentos al limitar su acceso a los mismos. ¿Pretenden crear dos tipos de farmacias, las que dispensan recetas públicas y las que no? ¿Persiguen desunir a un sector que ha reclamado legítimamente sus derechos y que sigue financiando con lo poco que le queda de sus recursos propios la sanidad pública de los pacientes? ¿Buscan restar capacidad de respuesta del farmacéutico ante futuros impagos? Diálogo, porque este es un texto ilegal, inconstitucional y en el que la Comunidad Valenciana está extralimitando sus competencias. Son ya muchos los informes jurídicos que así lo aseguran. Vamos a hacer lo imposible para que este sinsentido acabe en el Tribunal Constitucional. Y diálogo porque es de sentido común que un texto no consensuado con los profesionales del sector no tiene ningún futuro. Sentido común, quizá el menos común de los sentidos en esta comunidad en la que parece que todo vale y en la que la penuria económica, nunca provocada por la Sanidad, parece haber anulado cualquier capacidad de respuesta coherente por parte de nuestros políticos. | viernes, 05 de abril de 2013 h |