¿Conocía José Luis Llisterri la normativa valenciana sobre el algorritmo antes de que la hiciera pública Manuel Llombart? ¿Hizo algo para combatirla?
¿Qué dos líderes de la industria farmacéutica protagonizaron hace dos semanas una comida secreta en un restaurante próximo al Bernabéu?
¿Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid trató de convencer a la Clínica de Navarra para que recalara en la capital, al calor de la externalización?
¿Con qué alto dirigente del PP no tiene apenas relación la industria farmacéutica?
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Cuando más armas tenía en su lucha contra el subastazo andaluz y el cerco implícito a la prescripción que puso en marcha la consejera de Salud de esta comunidad, el Ministerio de Sanidad parece haberse quedado de golpe sin ellas. La Comunidad Valenciana se ha descolgado con una medida de igual o mayor virulencia contra la industria farmacéutica y la libertad de prescripción, el llamado algoritmo, dejando sin legitimidad a Ana Mato y a Pilar Farjas para actuar contra María Jesús Montero, o forzándolas a un movimiento político que perturbaría las entrañas sanitarias del partido, en una suerte de pelea entre hermanos de difícil venta electoral. Porque la normativa valenciana que acota los fármacos que han de ser prescritos y que bloquea la labor de los visitadores solo puede dar lugar a tres reacciones: o el ministerio frena su batalla judicial contra Andalucía o la emprende contra ambas autonomías, o la mantiene solo contra Montero y deja impune a Manuel Llombart. En los tres casos, la autoridad central quedará señalada, por más argumentos jurídicos que utilicen para adornar su decisión final. Si el subastazo andaluz parece una aberración que empequeñece incluso el famoso cataloguiño gallego, no lo es menos el algoritmazo valenciano, puesto en marcha con el apoyo tácito y secreto de una sociedad científica que ahora lanza voces al aire de cara a la galería. Limitar la prescripción a los fármacos preseleccionados de antemano es ignorar que los excluidos del catálogo han sido también autorizados por la autoridad central. Sancionar a un médico que los prescribe, o bloqueárselos, es atentar contra su autonomía, por mucho que se precocinen las razones para cercenar tal prescripción. Y limitar la labor de la visita médica para ceñirla a unos pocos productos es condenar al paro a los visitadores de la comunidad, satanizando una labor para la que no hay alternativa. Si a Llombart no le gusta la visita médica ni la labor de los delegados de los laboratorios, lo que debería hacer es idear un sistema público de formación continuada, pero no privar del único existente a los facultativos de su comunidad.
Por ello, es normal el enfado de todos los estamentos afectados por la iniciativa valenciana, pero debería ser mayor el de la ministra y el de la secretaria general de su departamento. Lejos de calar en el sector sanitario, el mensaje de la unidad de mercado y del fin de los reinos de taifas se está volviendo en contra de él como un boomerang, sin que el ministerio, el Consejo Interterritorial o el partido, desde Génova, parezcan capaces de legitimar decisiones unitarias a nivel de todo el Estado en la lucha contra el déficit, lo que denota la ausencia de una autoridad central fuerte a nivel sanitario, y de un líder que llame a capítulo a los díscolos.
