¿Tienen en cuenta las diversas administraciones el impacto de sus decisiones sobre el sector farmacéutico? Es la pregunta que parece lanzar el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas de Farmacovigilancia y de prevención de la entrada de medicamentos falsos. En él, el órgano consultivo recomienda tener en cuenta el impacto que las legislaciones pueden tener sobre la configuración del sector y la I+D+i.
El anteproyecto profundiza en el control de la calidad y la seguridad en la fabricación y suministro de los medicamentos. El CES lo aprueba, si bien hace notar cómo el anteproyecto aprovecha para sumar otras disposiciones normativas de la Ley de Garantías no derivadas de la necesaria transposición. Es esta su primera gran crítica a la política farmacéutica de los últimos años: con esta, la Ley de Garantías ha sufrido modificaciones parciales con tanta frecuencia que el CES considera que el texto “que cada vez tiene menos que ver con el aprobado en 2006”, lo que a su juicio actúa en detrimento del principio de seguridad jurídica de sus destinatarios. Su recomendación es hacer un texto refundido y dotar a este marco regulador “de una mayor estabilidad”.
De esta crítica se deriva la segunda gran recomendación del informe, no vinculada directamente con el anteproyecto: el “enorme valor social del medicamento”, dice el consejo, “justifica una estricta regulación del sector que alcanza a su vertiente económica”. Por eso, y dada “la necesidad de apoyar el desarrollo continuado de nuevas fórmulas que posibiliten un abordaje terapéutico de las enfermedades cada vez más eficaz”, aconseja “medir con la mayor precisión posible las consecuencias económicas que la incorporación de nuevas exigencias, como las que recoge el anteproyecto, puedan tener sobre el sector y, en última instancia, sobre los consumidores y usuarios”.
Sustitución
En esta línea se pronuncia el CES sobre la decisión del Gobierno de aprovechar el anteproyecto para introducir ligeros cambios en el artículo de la Ley de Garantías relativo a la sustitución por el farmacéutico.
Los genéricos han logrado situarse en un lugar importante en la política de uso racional. Por ello, el CES no ve “razonable” que el farmacéutico esté obligado a sustituir necesariamente por el medicamento genérico en caso de igualdad de precio, “pudiendo en este caso abrirse la sustitución también a otras opciones de marca que no superen dicho precio”. El consejo recuerda una vez más la importancia de que la toma de decisiones económicas que afectan al medicamento está presidida por argumentaciones y justificaciones de naturaleza sanitaria.
El CES valora positivamente el anteproyecto, pese a que las recomendaciones llegan también en el apartado presupuestario. El dictamen reconoce que las administraciones verán aumentada su carga de trabajo y sus necesidades de recursos humanos. Sin embargo, la memoria económica afirma que no habrá incremento de gasto. “Este planteamiento no parece realista”, dice el CES, que aconseja al Gobierno revisar sus previsiones económicas.
