Los farmacéuticos valencianos denuncian que la aprobación del nuevo Decreto-Ley sobre prestación farmacéutica en la Comunidad Valenciana es una represalia por el cierre patronal que llevaron a cabo durante 19 días a finales del pasado año a consecuencia de los impagos por parte de la Generalitat. Así lo ha señalado la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Maria Teresa Guardiola, que precisó que se trataba de “un castigo” del Consell, ya que el ahorro que dicen que generará solo llevará a la “cubanización” del modelo mediterráneo de farmacia.
Guardiola, que hizo una comparecencia acompañada del presidente de la empresarial farmacéutica Farval, Vicente Paya, y del presidente del Sindicato Libre de Farmacéuticos, José Antonio Puchades, para mostrar “la unidad” del sector contra este decreto, incidió en que se trata de una legislación “inconstitucional” que les deja en la “indefensión total” y les va a supone una disminución de ventas y de ingresos de “entre el 25 y el 35 por ciento”. Así, la presidenta de los farmacéuticos valencianos cuestionó el ahorro que se precisa en la memoria económica del decreto, ya que, entre otras partidas, 136 millones son “por inercia” de las medidas estatales. Asimismo, ha cuestionado los 100 millones de ahorro por aplicación de protocolos a los médicos, así como los 31,5 millones por la entrega de productos farmacéuticos a los centros de Salud, ya que no se tienen en cuenta los gastos de habilitación de almacenes para poder dispensarlos.
Por ello, ha anunciado un Observatorio de la Transparencia para hacer “un seguimiento real” de este “supuesto ahorro”. En ese sentido, ha recalcado que los boticarios están dispuestos a contribuir a generar un ahorro y en ese sentido se ha preguntado por qué la Conserjería de Sanidad crea una red paralela en lugar de aprovechar la ya existente. Asimismo, ha señalado que no entienden “qué está pasando” porque si el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, primero les apoyó en su rechazo contra la liberalización que propugna el Ministerio de Economía ahora ha pasado a “un intervencionismo salvaje” que les “quita competencias, para engordar las de la Administración, y derechos”.
Un 25% de ventas menos
Por su parte, Paya ha recalcado que los farmacéuticos “no tiene por qué pagar el pato” de la falta de financiación de la Comunidad Valencia. De hecho, ha señalado que este decreto les supondrá una disminución media de ventas de un 25 por ciento, y por tanto de ingresos, que en el caso de las oficinas centradas en la medicina de seguro puede llegar al 35 por ciento. Por ello, ha advertido de que esta disminución de ingresos les llevará a plantearse “medidas más drásticas” con una mayor reducción de personal, con lo que “empeorará” la calidad del el servicio al ciudadano.
Asimismo, Guardiola ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, al presentarse por vía urgencia, debe hacerlo el Gobierno central, 50 diputados o senadores o en última instancia el defensor del Pueblo. Así, acudirán por este orden a estas instituciones para que defiendan a las 2.400 farmacias de la Comunidad valenciana ante la “indefensión total” de esta medida que rompe la trayectoria de negociación seguida hasta ahora.
