El pleno de Las Cortes Valencianas ha validado, con los únicos votos a favor del Partido Popular, el Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consejo, de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica que, según el Consell, supondrá un ahorro anual estimado de 300 millones.
El decreto, que prevé medidas como los incentivos a los profesionales o la revisión de los tratamientos, comenzará a aplicarse el 1 de abril en las enfermedades de alta prevalencia como la diabetes, la dislipemia o hipercolesterolemia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis y antiácidos.
El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha defendido que la “compleja” situación socioeconómica obliga a “establecer medidas de control y racionalización del gasto farmacéutico, que sin repercutir en la calidad de los servicios, permita reducir los costes asociados”.
Los grupos de la oposición han votado en contra de convalidar el decreto-ley por considerar que no pretende ahorrar sino “recortar”, por estar hecho “sin diálogo” y “al margen de todos los sectores implicados” y por plantear un sistema de incentivos que es “un insulto” a los profesionales.
El diputado del PSPV Ignacio Subías ha considerado que este decreto-ley supone “una enmienda a la totalidad” y “un reconocimiento del fracaso” de las políticas realizadas hasta ahora en el ámbito sanitario y avaladas por el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
“Las medidas aplicadas hasta ahora no han sido racionalizar, sino recortar”, ha denunciado Subías, quien ha advertido de que los incentivos deben establecerse “con criterios objetivos y de calidad” y se ha mostrado contrario a que “se incentive en función del ahorro y no de la calidad”.
Subías también ha advertido de que el decreto-ley, además de “impresentable”, puede ser inconstitucional porque realiza una “injerencia en las políticas del Estado”.
“Españoles de segunda”
En este sentido, el Sindicato Libre de Farmacéuticos ha afirmado este miércoles en un comunicado que este Decreto Ley convierte a los pacientes valencianos en “españoles de segunda” al mermarles la asistencia farmacéutica más allá de las disposiciones estatales.
Por ello, han remitido a cada uno de los Diputados de las Cortes Valencianas un escrito donde se expone la opinión que le merece este citado decreto-ley, que “perjudica” a los usuarios de la sanidad pública.
Por otro lado, afirma que el decreto-ley se ha dictado para “imponer a las farmacias, bajo amenaza, las condiciones contractuales de la dispensación de recetas a los beneficiarios de la sanidad pública valenciana”.
Además, señala que se ha dictado “vulnerando, a sabiendas, las competencias exclusivas del Estado, y contra lo regulado en la Ley del Gobierno Valenciano”, que “sólo permite dictar decretos leyes en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no es el supuesto, puesto que la Consejería de Sanidad tenía el proyecto hace meses metido en un cajón”.
En ese sentido, añade que el Consejo ha utilizado el rango de decreto ley para evitar el debate parlamentario e imponer a la sociedad sus criterios. En definitiva, “pensamos que este decreto es una vergüenza antidemocrática y totalitaria, una basura normativa que los Diputados valencianos tienen la oportunidad de barrerla del ordenamiento jurídico en el Pleno de las Cortes de este jueves”.
