Universalizar el denominado modelo Muface, que actualmente permite cubrir la asistencia sanitaria de los funcionarios, y su extensión a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) permitiría reducir el déficit público entre 13.000 y 16.000 millones de euros. Así lo señala el presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), Gabriel Uguet, en el Libro Azul Sanidad 2020, un futuro incierto, promovido por el Círculo de la Sanidad y que ha sido presentado hoy en Madrid. Un acto en el que Uguet ha querido dejar claro que esta propuesta la ha realizado “a título personal y desvinculada de la FNCP o de la sanidad privada” pero, como ha aseverado, permitiría “seguir garantizando” un sistema sanitario “universal y gratuito” que, actualmente, “está quebrado y es insostenible”.
Para este experto, la Sanidad española necesita un cambio de modelo similar al que afrontó Holanda hace unos años, cuando pasó de un sistema nacional de salud como el español a un modelo similar al que él plantea. “Pero no creo que aquí tengamos políticos con tanta valentía”, ha reconocido. A este respecto, según precisó, “no bastan pequeños ajustes como los que estamos viendo, y el tema no se solventa haciendo pagar a los inmigrantes una cantidad por acceder al sistema o reduciendo el salario de los funcionarios”.
Modelo Muface
El denominado modelo Muface propuesto ya permite atender cada año a unos dos millones de trabajadores de la Administración General del Estado (el 85 por ciento del total), que “voluntariamente renuncian a la sanidad pública para ser atendidos por aseguradoras privadas”. A estas aseguradoras el Estado destina una cuota fija con independencia de la atención que precisen. Según datos de 2009, por cada asegurado se pagaron 825 euros por paciente y año mediante este sistema y, en ese mismo año, se pagaron 1.280 euros por habitante por ser atendidos en el sistema público.
Estos datos, según Uguet, demuestran que el modelo Muface “permite un ahorro del 35 por ciento”. Además, ha apuntado, en el coste per cápita del paciente incluido en el modelo Muface está incluido el gasto que supone cuando un paciente es atendido por la sanidad pública, cuyo coste es asumido posteriormente por la aseguradora. “Comparamos dos cosas exactamente iguales”, ha dicho.
Por otro lado, los ex ministros de Sanidad Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría han reclamado un mayor liderazgo al Ministerio que dirige Ana Mato con respecto a las comunidades autónomas. “Una prueba de la descoordinación ha sido el pago de un euro por receta implantado por Madrid y Cataluña sin consideración hacia la competencia del Estado”, ha explicado García Vargas, durante la presentación de este informe.
Romay Beccaría ha lamentado la existencia en España de 15 modelos tarjetas sanitarias, así como de historia clínica electrónica. “No podemos seguir así”, ha expresado el que fuera titular de Sanidad entre 1996 y 2000 durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno. Una de las soluciones que aporta consiste en dotar de mayor capacidad al Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio y a las consejerías de sanidad de las regiones.
El Gobierno del Partido Popular cuenta con una gran oportunidad. Once de las 17 comunidades en el Consejo están gobernadas por el PP, pero la polémica del euro por receta en Madrid produce ciertas dudas sobre el futuro, según apunta García Vargas, que fue ministro entre 1986 y 1991 en la época de Felipe González.
