No hay mal que por bien no venga. Algo así se debe pensar en la consejería de Sanidad de Canarias respecto a su judicializado concurso de nuevas oficinas de farmacia, convocado inicialmente en 2007. Y es que, tras años de litigios en los tribunales para sacar adelante la convocatoria, y una vez que ya tiene vía libre para ello, el departamento que dirige Brígida Mendoza ha aprovechado la ocasión para replantearse “a la baja” la cifra de farmacias (119) que incluía originalmente la convocatoria.
La justificación legal para este cambio de planes, ya que así lo permite la Ley de Presupuestos regional para 2013, es el descenso poblacional y de ocupación hotelera experimentado en los últimos años en diversos municipios donde se ubicarían parte de estas nuevas farmacias. Pero como telón de fondo se esconde otro motivo: hacer viables las farmacias ya existentes como, sobre todo, las nuevas aperturas. Asimismo, desde la consejería tampoco se niega que otro objetivo es “no incurrir en mayores gastos económicos de los necesarios”, tanto por el elevado coste que supone una convocatoria de estas características como para evitar futuros rescates a aquellas boticas que entrasen en situación de viabilidad económica comprometida (VEC).
Al margen del análisis de las formas empleadas, el fondo de la medida cumple con una petición que va ganado peso en el seno de los colegios farmacéuticos por la situación actual que vive el sector: hacer “racionales” los concursos de nuevas farmacias de tal manera que se compagine el derecho de la población a acceder a estos servicios a la vez que se asegure la viabilidad de los nuevos establecimientos. En el caso canario, los colegios farmacéuticos ya habían indicado a su consejería que mantener el concurso sin acometer una reducción de plazas sería “un error” porque no habría demanda suficiente debido a la caída del volumen de negocio así como por la reducción de la población residente y turística. La propia consejera de Sanidad confirmó en una de sus últimas intervenciones parlamentarias que las intenciones pasan por “amortizar algunas plazas que deberían desaparecer y continuar con el concurso tal y como estaba planteado”, tal y como indicó Mendoza.
También desde la patronal farmacéutica canaria (Fefarcan) se considera “razonable” la posible reducción de la oferta (en un número todavía por concretar). “La consejería tiene el deber de asegurar que los nuevos establecimientos serán viables por sí mismos y que su apertura no implique que las boticas de alrededor no caigan en situación de VEC”, señaló Manuel Díaz, su presidente. No obstante, recalcó que lo importante es que el concurso responda “a aquellas poblaciones que sí necesitan nuevas boticas”.
La opinión de que la racionalidad debe imperar en los concursos de farmacias se extiende por todo el territorio nacional. Por ejemplo, Ignacio Romeo, presidente del COF de Guadalajara, también se mostró partidario de que las administraciones “garanticen que las nuevas farmacias sean rentables”. Un parecer que también comparten en el COF de Castellón, ya que en esta institución han visto como las vacantes de varias farmacias que se ubicarían en municipios de menos de cien habitantes han quedado desiertas en los últimos concursos de la región.
Una postura no habitual
No se puede decir que la decisión de la consejería de Sanidad de Canarias sea la tónica general que siguen otras administraciones regionales. Incluso podría decirse que tan sólo es un ejemplo aislado, aunque el sector reclame que sea copiado a nivel nacional. Por ejemplo, Andalucía ha tomado una postura contraria. Es decir, aumentar la cifra inicial de nuevas adjudicaciones prevista en su concurso, fijada inicialmente en 312 boticas, sin tener en cuenta si es realmente necesaria la ampliación per se de su mapa farmacéutico.
En su caso, la ampliación de la oferta no responde a nuevas necesidades poblacionales, sino al cumplimiento de una sentencia que obliga a permitir la participación en este concurso a profesionales mayores de 65 años. Sin embargo, en vez de reiniciar el proceso de adjudicaciones manteniendo intacta la oferta y dando cabida a los nuevos demandantes, la consejería ha optado por incluir más aperturas en proporción a la cifra de nuevas solicitudes, lo cual podría provocar sobresaturación de boticas en determinadas zonas.
