¿Qué consejero ha puesto en pie de guerra a la industria, al rebajar por su cuenta en enero entre un 7,5 y un 10 por ciento la hormona del crecimiento, los anti-TNF y algunos antivirales?
¿Además de los antimicóticos sistémicos, qué más productos ha evaluado Andalucía a efectos de meterles otro tijeretazo en el precio?
¿A qué espera el Ministerio de Sanidad para aclarar qué pueden decidir y qué no las comunidades autónomas en materia farmacéutica?
¿Qué corporación celebra actos en sus instalaciones pese a no tener autorización legal para ello?
La subasta andaluza de medicamentos es una vergüenza, se mire por donde se mire, porque no hay derecho a que las comunidades hagan lo que les venga en gana. Lo dije con el euro por receta de Cataluña y Madrid, y lo reitero ahora. Si las consejerías creen necesarias más medidas de ahorro en medicamentos para combatir el déficit de la despilfarradora gestión del imperio autonómico, que vayan al Consejo Interterritorial, monten el Cristo y enciendan con sus discursos el ministerio. Lo que no tienen derecho es a extralimitarse en sus cometidos. La política farmacéutica es competencia exclusiva del Gobierno central, y el que no lo entienda que se vaya a Tanzania o a Etiopía. La mentalidad pueblerina no sacará a España del atolladero en el que está metida.
El subastazo de María Jesús Montero es también una vergüenza porque coloca a los ciudadanos de su comunidad en el furgón de cola de la Sanidad en España. Mientras en Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura se mantiene el derecho a recibir medicamentos reconocidos, en cuya producción innovadora y genérica se ha destinado muchos millones, los pacientes andaluces recibirán fármacos producidos y distribuidos por compañías desconocidas que en algunos casos no facturan ni 600 euros al año, como revela EG. La denuncia de Aeseg no tiene desperdicio: la mayoría de las 11 empresas seleccionadas en esta segunda ronda son solo comercializadoras, con cuotas mínimas de participación y con estructuras que pueden afectar a la capacidad real de producción y abastecimiento. Además, algunos productos no estaban comercializados ni tenían precio fijado en la fecha de la convocatoria. La adjudicación incumple así los requisitos mínimos exigidos en la propia Ley de Farmacia de Andalucía, con lo que quedaría viciada de nulidad, además de ser una chapuza en toda regla por las numerosas correcciones de errores sufridas.
Hay otro problema de fondo. Aeseg estima que puede provocar cerca de 1.500 despidos, una caída de la productividad de un 15 por ciento y un descenso de la inversión de la I+D de más de 20 millones en el sector industrial de los medicamentos genéricos. Y eso, por no hablar del efecto contagio en bajadas de precios que provocaría en los grupos terapéuticos afectados si el ministerio se venga de los laboratorios participantes en la mascarada. ¿Es el modelo productivo que propugna la comunidad con mayor número de parados de España? ¿Es el precio que hay que pagar para tapar agujeros como el escándalo de los ERE? ¿Es el sistema para prosperar en un país hundido por culpa de una política económica nefasta? Todos estamos a favor de que los fármacos le cuesten menos al sistema, pero no de cualquier manera. La industria tiene toda la razón en cabrearse. Esto empieza a parecerse a Grecia, o a Cuba.
