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L a Comisión Europea sigue programando el futuro de responsabilidad corporativa en el ámbito de los países miembro y ya se atisban nuevas medidas en este sentido. Las últimas informaciones apuntan a la aprobación de una nueva directiva que obligará a las empresas con más de 500 empleados y una facturación superior a los 20 millones de euros o con unos ingresos netos mayores a los 40 millones de euros, a incluir en sus informes anuales aspectos no financieros. Además, en el caso de que no lo hagan tendrán que ofrecer una explicación que lo justifique.
Los datos que deberán aportar las compañías se refieren a cuestiones medioambientales, sociales, relación con los empleados, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.
El ejecutivo europeo cree que esta medida aportará beneficios a las empresas, los inversores y otros grupos de interés que operan en el mercado único, y ayudará a alcanzar un crecimiento a largo plazo más sostenible y consistente, además de mejorar el empleo.
Esta cuestión no es novedosa, y ya ha habido organismos que se han manifestado en este sentido. Así, la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) se ha posicionado aseverando que la divulgación de la información adecuada es vital para garantizar un comportamiento responsable de las empresas, así como para asegurar que las personas afectadas y las comunidades son capaces de hacer valer sus derechos. ECCJ considera que la legislación de la Unión Europea debería proporcionar un marco simple, sencillo, armonizado y ejecutable de la información obligatoria sobre las cuestiones sociales, ambientales y de derechos humanos.
Cuota femenina
El ejecutivo comunitario es consciente de que las entidades no informan correctamente sobre el grado de diversidad de los consejos de administración, por eso las empresas europeas cotizadas deberán incluir en sus informes de gobierno corporativo las políticas de diversidad desarrolladas. Estas tendrán que incluir elementos relacionados con la edad, género, nacionalidad y perfiles profesionales y educación de los consejos y miembros de alta dirección.
Esta cuestión también se ha respaldado con la aprobación por parte de la CE de una propuesta de legislación con el fin de lograr un 40 por ciento de representación femenina para el año 2020 en los Consejos de Administración de aquellas empresas que cotizan en bolsa, con la excepción de las pymes.
La propuesta incluye además un mecanismo de selección para los consejos de administración que garantice cumplir el objetivo de ese porcentaje, que espera poder aplicarse a cerca 5.000 empresas que cotizan en la Unión Europea.
Actualmente, el 85 por ciento de los miembros no ejecutivos del Consejo y el 91,1 por ciento de los consejeros ejecutivos son hombres, mientras que las mujeres tan sólo representan el 15 por ciento y 8,9 por ciento, respectivamente.
En España, pese a ser el primer país de la UE en incluir recomendaciones en este sentido, las mujeres sólo representan el 11,5 por ciento de los consejos de administración de las empresas del Ibex, por debajo de la media europea.
