El País Vasco tendrá que aplicar el copago farmacéutico por renta, aunque puede seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares y facilitarles la tarjeta sanitaria, al menos hasta que haya una sentencia firme, según el auto del Tribunal Constitucional que avala sólo parte de los decretos sanitarios autonómicos que fueron impugnados por el Gobierno Central. De esta manera, el varapalo a la reforma sanitaria de la ministra de Sanidad, Ana Mato, es menor que en el caso de las subastas andaluzas, al avalar el Constitucional en principio el copago farmacéutico por renta. La interpretación del Tribunal puede ser doblemente importante, pues su siguiente tarea será dilucidar la constitucionalidad del euro por receta.
El Pleno del Constitucional ha acogido los argumentos legales del Gobierno vasco, de marcado carácter sanitario. Según expusieron los abogados vascos, no atender a los inmigrantes sin papeles repercutiría en su salud individual y también en la “prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”. Estas razones han tenido más peso sobre la opinión del Tribunal que la línea de defensa de la Abogacía del Estado, basada exclusivamente en aspectos económicos y el control del déficit público.
El control del déficit también ha sido la clave para que el Constitucional avale el copago farmacéutico por renta. El Tribunal ha dado por buenas las explicaciones del Abogado del Estado, que sostiene que durante el tiempo en que estuvo en vigor el copago vasco «el incremento del gasto en Euskadi fue en paralelo a una disminución del gasto en las autonomías en las que se aplica en su integridad la norma básica estatal». Parece claro, a juicio del Constitucional, que levantar la suspensión cautelar supondría “un perjuicio económico” para el control del déficit. Y controlar el déficit es una prioridad, según el Tribunal, que se sitúa por encima del perjuicio que tendrá para los usuarios el aumento del porcentaje de copago.
