Juan de la Cruz conoce de cerca el problema de los impagos de facturas a las farmacias. El bufete del que es socio director, López Rodó & Cruz Ferrer Abogados, representó a farmacéuticos manchegos cuando éstos los sufrieron en 2011. El también catedrático de Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid repasa la jurisprudencia existente al respecto en un estudio incluido en el libro La morosidad del sector público y cuyas conclusiones analiza en esta entrevista.
Pregunta. ¿Cree que los boticarios conocen todo el abanico de acciones legales que pueden emprender ante los impagos?
Respuesta. Quizá no, pero es excusable. Los impagos por parte de las administraciones son una situación compleja para cualquier colectivo.
P. ¿Están obligados a seguir dispensando medicamentos aunque no cobren sus facturas?
R. La obligación de dispensar aquellos medicamentos si el importe es abonado íntegramente por el paciente es una obligación que marca la legislación nacional y que es inexcusable. Ahora bien, otra obligación distinta sería dispensar medicamentos de forma total o parcialmente gratuita. Esto último se lleva a cabo en función de un concierto y ese concierto es un contrato. Por tanto, si la Administración no cumple con sus obligaciones, los farmacéuticos también pueden alegar no cumplir con las suyas. No es una medida de fuerza, sino un derecho al que pueden acogerse.
P. ¿Desde el primer momento en el que haya impagos?
R. Un contrato no puede dejar de cumplirse de un día para otro, ni tan siquiera habiendo sido denunciado el concierto. Es la ley la que marca los plazos en los que, si no se ha cobrado, se pueden romper las obligaciones.
P. En su estudio alega que negarse a dispensar fármacos con cargo al SNS sería legal, aunque no hay jurisprudencia clara al respecto, ¿verdad?
R. Para que haya jurisprudencia tiene que haber, al menos, dos sentencias claras del Tribunal Supremo al respecto. Pero en algunas de sus manifestaciones sí considera estos conciertos de naturaleza contractual.
P. El estudio también alude a la mayor responsabilidad que debería tener el Estado en este problema, ¿no es así?
R. No es lógico que el Estado pretenda desentenderse de estos gravísimos problemas que afectan al SNS, aunque se deban a incumplimientos de las Administraciones autonómicas. La Administración central tenía que haber avalado de forma directa a los sistemas autonómicos, al igual que hizo con el sector financiero y del automóvil.
