Pagar los vencimientos de deuda pública, saldar la deuda en materia de Sanidad y Educación y pagar transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades son los tres fines prioritarios con los que el Gobierno pone en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), según el documento de aplicación remitido a las comunidades para su estudio. Los proveedores sanitarios de Cataluña y Comunidad Valenciana pueden respirar tranquilos.
Otros aquellos que aún siguen pendientes de pagos, como es el caso de las oficinas de farmacia de Canarias, continúan a la espera de que se despejen las numerosas dudas que todavía existen sobre las contrapartidas que conlleva adherirse al fondo. El Gobierno insular y otros más, como el de Castilla y León, solicitaron la semana pasada al Gobierno más información, ya que en el documento remitido no figura, por ejemplo, el tipo de interés al que se concede la ayuda.
Otras muchas contrapartidas sí están claras. Las comunidades autónomas que soliciten su adhesión al fondo se comprometen a eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior, así como a aplicar reformas estructurales con el objetivo de aumentar la competitividad y racionalizar más todavía el gasto público.
La reforma de la Ley de Estabilidad, aprobada la semana pasada en el Senado por la vía de urgencia, ratificó precisamente las dudas de casi todos los grupos de la oposición, mayoritariamente favorables a que en lugar de poner en marcha el fondo se hubiera apostado por los hispabonos. En la Cámara Alta se presentaron (y rechazaron) cinco propuestas de veto, entre ellas una de CiU y otra del PSOE. El primero gobierna en Cataluña, primera comunidad rescatada oficialmente, y el segundo en Andalucía, otra de las que continúa a la espera de tener más información aunque su necesidad de liquidez da por hecho su presencia en el mismo.
Las cinco propuestas de veto giraban en torno a los mismos argumentos: acudir al fondo de liquidez equivale a un rescate en toda regla y conllevará menos autonomía y una penalización por igual tanto a las corporaciones que dentro de una comunidad cumplen con el objetivo de déficit como a aquellas que no lo cumplen. Y, sobre todo, un interrogante al funcionamiento del Estado de Bienestar en la parte de gastos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en Sanidad, Educación y Prestaciones Sociales. Es decir, nuevos recortes en muchas materias vigilados por el Estado.
Fondo casi agotado
Pese a todas las dudas, la necesidad apremia. El mismo día que Cataluña decidió adelantar las elecciones autonómicas confirmó su adhesión al Fondo. Después, Castilla-La Mancha informó de que pediría 800 millones de euros, convirtiéndose así en la quinta región en pedir ayuda, incluyendo Andalucía.
Juntas, estas cinco comunidades autónomas suman una petición que asciende ya a casi 16.000 millones de euros, es decir, más del 88 por ciento de la cantidad global con la que nace dotado el FLA. Quedarían 2.000 millones de euros a repartir para el resto de autonomías. Tienen de plazo para adherirse hasta el 31 de diciembre.
