En mitad de la tormenta política causada por la aplicación de la nueva normativa en relación a la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, la revisión de la lista de medicamentos con financiación pública podría verse como una oportunidad de oro para que el Ministerio de Sanidad consiguiera avales a parte de su reforma sanitaria. La reforma del nomenclátor ha ido ganando adeptos a medida que se agudizaba la crisis, pero ni siquiera esta apuesta, con la que el Ministerio quiere ahorrar 450 millones anuales en el gasto farmacéutico, ha logrado apoyos definitivos. El sector farmacéutico asiste esta semana a la puesta de largo de la desfinanciación con sentimientos encontrados y la sensación de haber avanzado algo, pero no lo suficiente, en el periodo de consulta pública.
Buena muestra de ello es la valoración de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Como su máximo portavoz, Rafael García Gutiérrez siempre ha defendido una desfinanciación que permita liberar recursos en algunos procesos y patologías para destinarlos a atender patologías y procesos más graves. Su análisis de la Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, publicada en el BOE el pasado 17 de agosto, solo encuentra un punto satisfactorio, ya que pone fin a la “competencia desleal” que en su opinión ejercían medicamentos hasta ahora financiados a pesar de estar indicados para síntomas menores.
Excepciones insuficientes
Las organizaciones médicas también han resaltado un punto positivo a favor de la resolución, que finalmente recogió parte de las peticiones de los profesionales sanitarios, que desde el anuncio realizado por la ministra solicitaron que se mantuviera la financiación en aquellos casos en los que los fármacos juegan un papel importante en el tratamiento de determinadas patologías crónicas.
Finalmente, Sanidad reflejó excepciones en seis grupos (formadores de volumen; laxantes osmóticos; antagonistas del receptor opioide periférico; alcaloides del opio y derivados; otros vasodilatadores periféricos y algunos productos oftalmológicos) que afectan a 97 de los 417 fármacos excluidos. La última decisión sobre su financiación, según confirmó el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero, corresponderá al médico. En este sentido, las diferentes autonomías establecerán los procedimientos para asegurar la financiación en las indicaciones que se mantienen reembolsadas. En el caso de Madrid, se realizará mediante autovisado del médico.
En términos generales, la lista convence a las principales sociedades científicas de Atención Primaria. No obstante, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Médicos de Primaria han señalado la necesidad de ampliar las excepciones previstas.
La petición está en línea con las demandas de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), que reclama nuevas excepciones para la codeína, medicamentos de primera elección para la tos seca; el carbón, indicado en intoxicación aguda por sobredosis de fármacos o ingestión de productos tóxicos; y la acetilcisteína, indicada para dolencias que, según Sefac, “no pueden considerarse leves”, como la EPOC o la fibrosis quística.
Sefac también ha pedido que trabaje en la homogeneización del estatus de los medicamentos, para evitar que fármacos similares coexistan con y sin financiación.
Posibles desplazamientos
Los desplazamientos son el otro punto negro de la revisión del nomenclátor. Al tiempo que hacía pública su estimación del impacto de la desfinanciación en las farmacias (1.181 millones de euros y 154 millones de unidades de medicamentos), la patronal de las oficinas de farmacia, FEFE, alertó de un “previsible desplazamiento de las prescripciones a otros medicamentos que continúan financiados”, que minimizaría sus posibles ahorros. Anefp se suma a esta preocupación, y subraya la necesidad de poner en marcha de forma inmediata la receta electrónica, que lleva incluida la historia farmacoterapéutica de los pacientes.
Junto a ello, Anefp sigue en “desacuerdo total” con los precios comunicados porque “no ocurre en ningún país de Europa”. La experiencia nacional también descarta cualquier peligro, según García Gutiérrez, que defiende que “los medicamentos no financiados tienen precio libre desde el año 81 y no ha habido ni un solo caso que haya requerido intervención de la Administración”. Anefp confía en la competencia como un mecanismo de control “mucho más intransigente que los funcionarios”.
