El Consejo de Ministros del 3 de agosto ha dado hoy luz verde al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que desarrolla el Real Decreto-ley 16/2012 y con la que se ha dado “un paso de gigante hacia la universalidad real de la sanidad”, según manifestó la ministra de Sanidad, Ana Mato.
La norma se marca como objetivo garantizar la asistencia sanitaria pública para todos los españoles y extranjeros con residencia legal, además de clarificar la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios a ciudadanos extranjeros, garantizando un mayor control y transparencia. “Con esta norma, todos los españoles tendrán asistencia sanitaria siendo titulares de su tarjeta”, destacó Mato.
En este sentido, la norma establece que la condición de asegurado se hará efectiva mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual, que, según lo recogido en el RDL 16/2012, será interoperable en todos los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, lo que “contribuirá a cohesionar un auténtico Sistema Nacional de Salud con 17 servicios públicos”.
Por otra parte, fija mecanismos para evitar el denominado “turismo sanitario”, y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud. “El ahorro estimado por la corrección de las situaciones que han dado lugar a este fenómeno está en torno a los 1.000 millones de euros al año, que redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las CC AA por la asistencia a extranjeros”, explica el ministerio para justificar que la contribución que ello supondrá a garantizar la sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública.
Para ello, se seguirán las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al impedir que el SNS siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. De este modo, se pretende establcer una reciprocidad con los requisitos que se les exigen a los españoles cuando se trasladan a otro país de la UE para recibir atención sanitaria.
No obstante, a los extranjeros que residan en situación irregular, se les seguirá prestando asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, atención en el embarazo, parto y postparto y asistencia sanitaria a menores de 18 años. “Se trata de una cobertura más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y de la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países”, defienden desde el ministerio.
Otro de los puntos que Mato destacó como “algo histórico” fue la puesta en marcha una base de datos única a nivel nacional, para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social sea el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario, al tiempo que se establecerá una vigilancia y control sobre posibles irregularidades, como las detectadas tras el cruce de datos con los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social.
