No suele ser común oír a un político decir que quiere que baje el recibo de la luz o del agua. Ningún político se queja de multas abusivas y recaudatorias con radares puestos en túneles de velocidad limitada a 50 km/h, que al llegar a 65 km/h dicha multa equivale a la revisión anual del coche. No suelo oír quejas de esos precios o de los mencionados abusos recaudatorios, en lugar de colocar los radares en donde se salvan vidas. Pero se ha visto una preocupación por el precio de los medicamentos desfinanciados. Exigir que el precio deba ser comunicado se ha vendido como medio para evitar que puedan subir los precios. En una economía de mercado, el precio tiene en cuenta las circunstancias, y en este caso son nuevas.
Un medicamento que es financiado por el Estado tiene más facilidad para venderse que otro que esté fuera de la cobertura. Deberá invertir en comunicar a los consumidores (publicidad) y deberá cambiar el mix de marketing. Quizás deba modificar el envase o decida entregar un libro a quienes compren su producto. Quizás necesite más vendedores. Los costes pueden cambiar. No se entiende que se quiera emular al mercado desde la Administración y erigirse en vigilante y guardián de los precios: si un precio no se ajusta a lo que debe costar, vendrá la competencia y ofrecerá su producto a mejor precio.
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