La universalidad de la atención sanitaria no es sinónimo de gratuidad y el sistema sanitario “debe evolucionar” hacia la incorporación de copagos en otros ámbitos distintos al farmacéutico como la hospitalización, de uso frecuente en los países de nuestro entorno, aplicada de forma selectiva, de manera que no afecte a los más vulnerables. Esta es una de las propuestas incluida en el documento “Hacia un sistema sanitario sostenible (II)”, que ha presentado el Círculo de Empresarios.
Según la presidenta de esta organización, Mónica de Oriol, y su responsable del Comité de Sanidad, John de Zulueta, España se encuentra sometida a un proceso de ajuste presupuestario “sin precedentes”, y señalaron que las estimaciones de crecimiento del gasto sanitario a largo plazo que ponen de relieve que el crecimiento del impacto de la sanidad sobre las cuentas públicas será previsiblemente “superior al del sistema de pensiones”.
Propuestas
En una estrategia global de corresponsabilización a todos los agentes del sistema, el Círculo de Empresarios propone, entre otras cosas, “asegurar la rendición de cuentas centralizadas de un sistema descentralizado con un mecanismo de decisión más operativo y más efectivo de seguimiento del cumplimiento de las decisiones”. En este sentido propone transformar el Consejo Interterritorial en un organismo con “poderes ejecutivos” que impulse la evolución del SNS en ámbitos como el despliegue de grandes infraestructuras hospitalarias; evaluación de las experiencias en materia de colaboración público-privada en diferentes Comunidades Autónomas; política de personal; integración de niveles asistenciales y orientación del sistema hacia patologías crónicas.
El documento también propone mejorar la disponibilidad pública de información estadística del SNS y la interoperabilidad de los sistemas de información de las comunidades autónomas; desarrollar la prevención y promoción de la salud, incluyendo penalizaciones a los pacientes que, una vez tratados, no adopten las pautas indicadas por los profesionales; o potenciar la generación de ingresos por trámites administrativos, servicios o facilidades no asociados estrictamente a la prestación sanitaria básica, común o suplementaria en la medida de sus disponibilidades y sin que supongan menoscabo para el acceso de los usuarios cubiertos a los demás servicios sanitarios.
